Ministra Toro abre foro sobre experiencias y desafíos en la implementación de Inteligencia Artificial en Chile
Paralelamente en La Moneda, la ministra Aisén Etcheverry lideró una Cumbre Ministerial con representantes de 20 países que firmaron la “Declaración de Santiago para promover una Inteligencia Artificial ética en América Latina y el Caribe”.
Con el foco en la ética en el uso de datos, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, dio las palabras iniciales en el foro sobre experiencias y desafíos en la implementación de Inteligencia Artificial en Chile, enmarcado en el Foro sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, organizado por la Unesco, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de nuestro país.
En su intervención, la ministra Toro recordó las palabras del Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde sostuvo que “requerimos un marco que incorpore la perspectiva de derechos humanos a la investigación e innovación tecnológica, considerando el resguardo y fomento de la libertad y la dignidad de las personas y los pueblos, así como las necesidades del desarrollo sostenible.”
En ese contexto, la secretaria de Estado enfatizó que en el Ministerio “creemos firmemente que el desarrollo tecnológico debe estar por sobre todo al servicio de las personas, respetando la diversidad de nuestra sociedad y resguardando los derechos fundamentales. Por eso, desde nuestra gestión ministerial, ejercemos esta labor con rigurosidad y compromiso social”.
“Nos parece que las discusiones que se están dando en este seminario van a aportar a la labor que tenemos como Estado para seguir mejorando y no temerles a las herramientas, sino que ponerlas en función de las necesidades de la de la ciudadanía, pero discutiendo y adelantándonos con estas discusiones respecto de la ética en el uso de datos, que es lo que nos preocupa especialmente a nosotros como ministerio. Tienen que estar siempre presentes”, agregó.
Paralelamente, la ministra de Ciencia, Teconología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, lideró en La Moneda una Cumbre Ministerial con representantes de 20 países que firmaron la “Declaración de Santiago para promover una Inteligencia Artificial ética en América Latina y el Caribe”, conformando un espacio de liderazgo para la gobernanza de la IA en la región, que permita a América Latina y el Caribe tener una voz común respecto a este tema global. El acuerdo convocó a ministros, ministras y encargados de las políticas digitales y de IA de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.
La ministra Etcheverry señaló que América Latina y el Caribe tiene la posibilidad de un trabajo conjunto que da una oportunidad de avanzar a una velocidad muy distinta y ser actores no solo desde el uso, sino de la capacidad de crear y decidir hacia dónde avanzar.
“Pero hay otra dimensión: hoy existe una discusión global respecto de gobernanza de IA, el tema se está discutiendo en distintos foros y de aquí a diciembre Naciones Unidas va a presentar una propuesta con el grupo de expertos que está trabajando. Si a ese trabajo lográramos llegar como un bloque con un espacio de deliberación interno, que nos permita entender cómo nos beneficiamos como región y cómo podemos aportar a esa gobernanza, es histórico porque Latinoamérica no ha sido antes parte de esas conversaciones. Y juntos podemos hacerlo”, agregó.
La Declaración firmada por los 20 países recoge la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO y subraya, como punto de partida de las políticas públicas sobre IA, la necesidad de elaborar y adoptar medidas de política pública y normas jurídicas que tengan como marco todas las normas y principios transversales de derechos humanos, incluyendo la proporcionalidad e inocuidad, la seguridad y protección, la equidad y la no discriminación, la igualdad de género, la accesibilidad, la sostenibilidad –social, cultural, económica y ambiental–, el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, la supervisión y decisión humana, la seguridad de la información, la transparencia y la explicabilidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la sensibilización y educación, y la gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas, entre otros.