Ministra María Jesús Wulf valora despacho de la Ley de Envejecimiento Digno: “Avanzamos en respeto y dignidad para las personas mayores”
Como un “significativo avance y una respuesta a todas las personas mayores que esperan y anhelan un nuevo trato”, calificó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a que la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable ya aprobada por el Congreso Nacional está conforme con la Constitución Política de la República y no contiene materias que puedan incidir en la Ley Orgánica Constitucional.
Con este dictamen, la ley queda lista para su promulgación, que la ministra afirmó que se realizará “lo antes posible”, destacando que “esta ley no sólo habla de deberes del Estado, también hace hincapié en los derechos de las personas mayores y establece una entidad responsable de su efectivo acceso a la justicia ante eventuales vulneraciones. Esto implica también un cambio en la institucionalidad y el establecimiento de instrumentos de la mayor relevancia, como es la Política Nacional de Envejecimiento y el Plan Nacional de Salud, entre otros cambios”.
María Jesús Wulf añadió que esta normativa “abre un horizonte de nuevas fórmulas para enfrentar el desafío del envejecimiento, que sitúa al país como uno de los más envejecidos de América Latina, siguiendo los objetivos expresados en nuestra propuesta de Generación Dorada”.
La Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable fue despachada en enero pasado por el Congreso nacional, pero su tramitación fue interrumpida por un veto sustitutivo que introdujo la administración anterior el 5 de febrero. Tras asumir, el gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró dicho veto, pasando al Tribunal Constitucional.
La nueva Ley contiene 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la independencia y a la autonomía, entre otros.
Asimismo y entre otros aspectos, la normativa resguarda los derechos de las personas mayores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia, para la aplicación de medidas de protección para personas mayores víctimas de este abandono social, que permitirá actuar con mayor agilidad y entregar un adecuado tratamiento y soluciones programáticas de cuidados más amplias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía.
