Ejecutivo ingresa indicaciones al proyecto de Entornos Digitales Seguros
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ingresará un conjunto de indicaciones al proyecto de ley sobre Entornos Digitales Seguros, que refunde cuatro mociones parlamentarias y busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales.
El trabajo de elaboración de las indicaciones se ha desarrollado junto a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que actualmente se tramita la iniciativa.
Chile registra uno de los mayores niveles de uso de redes sociales entre adolescentes de la OCDE. De acuerdo con el informe Crecer en la era de las redes sociales, publicado este año, los jóvenes chilenos de 15 años superan las 45 horas semanales en plataformas digitales, frente a las 35 horas del promedio de los países del bloque.
A esto se suma la temprana edad de acceso a dispositivos con conexión a internet. Según el estudio Kids Online Chile, el 58% de los niños, niñas y adolescentes obtiene su primer celular con acceso a internet antes de los 10 años.
“Hoy, lamentablemente, los niños chilenos son expertos en navegar en las plataformas digitales, pero muchos tienen dolorosas dificultades para desenvolverse en la vida real. Con este proyecto estamos protegiendo algo muy concreto: el derecho de niños y adolescentes a tener infancia, sueño, atención, juego, lectura, vínculos presenciales y tiempo libre de sistemas diseñados para capturar su atención”, expresó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.
Una política nacional con foco en la prevención y el acompañamiento familiar
Entre las principales propuestas del Ejecutivo se encuentra la creación de una Política Nacional de Entornos Digitales Seguros, que sería dictada mediante decreto supremo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cuya elaboración contemplaría instancias de participación de la sociedad civil.
La política tendría una vigencia de seis años y sería evaluada periódicamente de acuerdo con la evidencia disponible y los resultados de su implementación. La propuesta establece una revisión al menos cada tres años.
El instrumento fijaría lineamientos generales en materias de prevención, investigación, concientización, acompañamiento familiar y formación sobre el uso de plataformas digitales por parte de niños, niñas y adolescentes y sus implicancias.
Además, constituiría el marco de referencia para las campañas de sensibilización dirigidas a la población, con el objetivo de avanzar hacia una estrategia común frente a una materia que actualmente presenta iniciativas dispersas.
Junto con ello, el Estado tendría la obligación de promover políticas que resguarden el derecho de niños, niñas y adolescentes al descanso, el esparcimiento, el juego y la participación en la vida cívica, cultural y artística.
La propuesta busca que el uso de entornos digitales no desplace el acceso de niños y adolescentes a actividades deportivas y educativas, ni el desarrollo de habilidades socioemocionales fuera de las pantallas.
Regulación basada en los riesgos
Las indicaciones también ordenarían el conjunto del articulado regulatorio bajo criterios comunes. Las obligaciones de las plataformas se establecerían de acuerdo con el riesgo concreto que sus funcionalidades representan para los usuarios menores de edad, evitando presumir que una determinada herramienta es inocua simplemente por ser nueva.
La regulación se aplicaría a las características que generan riesgo y no a los nombres comerciales de las aplicaciones. De esta manera, se busca que la normativa pueda adaptarse a la evolución tecnológica y no quede desactualizada frente a los cambios del mercado.
El deber de cumplimiento recaería en los proveedores de las plataformas. En caso de incumplimiento, las sanciones no podrían recaer sobre niños, niñas, adolescentes ni sus familias.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, una vez ingresadas las indicaciones, la Comisión retomará la discusión del articulado.
