Gobierno anuncia circuitos de protección contra la explotación sexual infantil y atenciones especializadas adicionales para las víctimas
Los pilotos de Magallanes y Maule coordinan la respuesta de las instituciones desde la primera alerta. La ampliación de la atención especializada contempla una licitación de 12 proyectos en 10 regiones, con una inversión anual superior a $3.591 millones.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, dio a conocer dos medidas complementarias para enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: la implementación de circuitos pilotos de protección integral en Magallanes y Maule y una licitación que permitirá aumentar las atenciones especializadas a las víctimas de estos delitos, para cubrir la lista de espera identificada.
Asimismo, anunció que el ministerio está trabajando en un Proyecto de Ley Proyecto de Ley sobre Medidas de Resguardo contra La Explotación Sexual Infantil y otras Vulneraciones a Niños en Cuidado Alternativo Residencial.
Las acciones buscan mejorar la detección, activar oportunamente la protección y asegurar el acompañamiento de las víctimas, frente a una problemática cuyas denuncias aumentaron un 72% entre 2022 y 2024, según antecedentes del Ministerio Público. En los delitos de obtención y facilitación, el 90% de las víctimas corresponde a niñas y adolescentes mujeres, de acuerdo con los antecedentes del período 2022 a octubre de 2025.
“Un niño que está siendo explotado no puede quedar esperando que las instituciones se pongan de acuerdo ni que aparezca un cupo para recibir atención. Estamos organizando la respuesta desde la primera alerta y ampliando la capacidad para que quienes necesitan ayuda puedan recibirla”, señaló la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.
Actuar desde la primera alerta
Magallanes y Maule son las dos regiones donde comenzó el pilotaje del Circuito de Protección Integral contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Presentados en momentos distintos —en septiembre en Magallanes y la semana pasada en el Maule—, y que buscan establecer una ruta de actuación que defina quién interviene, cuándo y cómo se coordinan las instituciones ante una sospecha de explotación.
El modelo articula a los equipos de Desarrollo Social y Familia, Salud, Educación, las Oficinas Locales de la Niñez, el Servicio de Protección Especializada, las policías y los tribunales, según sus competencias. Considera tanto a niños vinculados al sistema de protección como a quienes no han tenido contacto previo con él.
El propósito es evitar vacíos y duplicidades en la atención, reducir el riesgo de nuevas vulneraciones y dar continuidad al acompañamiento. La investigación y persecución penal se desarrollan paralelamente por las instituciones competentes.
“Una alerta tiene que activar una respuesta, y una derivación tiene que conducir a una atención. No podemos permitir que un niño quede desprotegido entre una institución y otra. El circuito busca que cada equipo asuma su responsabilidad y que exista seguimiento para saber si la protección está llegando”, explicó Wulf.
La implementación en ambas regiones permitirá evaluar el funcionamiento del modelo y realizar ajustes antes de extenderlo al país. Para ello, se consideran las condiciones de cada territorio, como las distancias, la conectividad y la disponibilidad de atención especializada, junto con metas e indicadores para revisar el cumplimiento de los compromisos.
Ampliar la atención y cubrir la lista de espera
La segunda medida es que la semana pasada se publicaron licitaciones del Programa Especializado en Explotación Sexual, a través del Servicio de Protección Especializada.
El proceso considera 12 proyectos en 10 regiones, con una inversión anual de $3.591 millones y 762 plazas totales. Dentro de esa oferta se incorporan 273 atenciones adicionales destinadas a cubrir la lista de espera identificada. Junto con los programas existentes, la ampliación busca completar la presencia de atención especializada por primera vez, en todas las regiones del país.
Los proyectos permitirán fortalecer las intervenciones dirigidas a interrumpir la explotación, reparar el daño y restituir los derechos de las víctimas. La nueva capacidad estará disponible una vez adjudicados y puestos en funcionamiento los proyectos.
“Detrás de cada cupo hay un niño o una niña que necesita protección. Nuestro compromiso no termina en publicar una licitación: tenemos que seguir el proceso hasta que reciban la atención que necesitan. Los resultados se miden en que esa ayuda llegue a tiempo y el acompañamiento tenga continuidad”, destacó la ministra.
Ambas medidas se vinculan con el Plan Chile Cuida a los Niños y con el Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 2024–2032, que compromete 20 acciones de distintos organismos del Estado.
“No podemos acostumbrarnos a estas cifras ni aceptar que un niño siga expuesto mientras espera una respuesta. Ninguna víctima es responsable de la explotación que sufre. Nuestro deber es actuar con urgencia, protegerla y acompañar su recuperación”, concluyó Wulf.
