Gobierno presenta proyecto para reforzar la protección de niños en residencias frente a la explotación sexual
La iniciativa que cuenta con apoyo parlamentario transversal, entrega herramientas legales a los directores de residencias para actuar ante amenazas graves, con medidas excepcionales, temporales y fiscalizadas. La reubicación de un niño requerirá siempre autorización judicial.
“Para este Gobierno, los niños están primero. Eso significa actuar cuando están en peligro y dar a quienes los cuidan las herramientas para protegerlos. Ningún niño es responsable de la explotación que sufre, y cada día sin protección importa”, señaló la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, al dar a conocer detalles del proyecto de ley que busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias frente a la explotación sexual y otras amenazas graves contra su vida e integridad.
La iniciativa, comprometida por el Presidente José Antonio Kast en el Plan Chile Cuida a los Niños, entrega respaldo legal a los equipos para intervenir oportunamente ante adultos y redes criminales que captan, amenazan o explotan a quienes están bajo su cuidado.
El proyecto contempla facultades para los directores de residencias, tanto de administración directa como de colaboradores acreditados. Estas abarcan desde medidas frente al ingreso de terceros ajenos a los establecimientos hasta la reubicación, con autorización judicial, de un niño amenazado de muerte o víctima de explotación sexual.
Un diagnóstico que exige actuar
La ministra detalló que entre 2022 y 2025, los procedimientos asociados a explotación sexual aumentaron de 253 a 478, un 88,9%, mientras que los vinculados a delitos contra la vida pasaron de 238 a 642. Estas cifras corresponden a procedimientos activados, no necesariamente a causas judiciales ni a niños distintos.
A ello se suma la persistencia de las salidas no autorizadas: entre enero de 2025 y marzo de 2026, cada trimestre hubo, en promedio, 370 niños con órdenes de búsqueda activas. De ellos, 74 presentaron este patrón durante cuatro o cinco trimestres consecutivos.
Actualmente, el Servicio de Protección Especializada cuenta con 253 residencias: 40 de administración directa y 213 de colaboradores acreditados. Aunque existen protocolos para abordar estas situaciones, las medidas que afectan a terceros o inciden excepcionalmente en la vida cotidiana de los niños requieren respaldo legal, reglas claras y controles externos.
“No podemos pedirle a un director que proteja a un niño de una red criminal actuando solo con un protocolo interno. Este proyecto le entrega herramientas legales y también le exige rendir cuentas”, señaló la ministra.
Herramientas ante amenazas graves
La iniciativa contempla medidas excepcionales sobre comunicaciones, horarios y salidas, que solo podrán aplicarse cuando sean estrictamente necesarias ante un riesgo grave e inminente que no pueda evitarse por otros medios.
Estas medidas tendrán una duración de 30 días y podrán prorrogarse una sola vez por el mismo período. Si las circunstancias persisten, su continuidad requerirá autorización judicial. En ningún caso podrán utilizarse como castigo ni constituir tratos crueles o degradantes.
Para los casos de niños amenazados de muerte o víctimas de explotación sexual, el proyecto contempla su reubicación en una residencia terapéutica o en una familia de acogida especializada terapéutica, con reserva de su ubicación. Esta decisión requerirá siempre autorización judicial.
“Los niños son las víctimas. La responsabilidad está en los adultos y las redes que los captan, amenazan y explotan. Nuestro deber es impedir que sigan haciéndoles daño y entregar herramientas a quienes tienen la obligación de cuidarlos”, enfatizó Wulf.
La propuesta establece controles dentro y fuera del Servicio. El director regional podrá revisar, suspender, modificar o terminar las medidas y deberá realizar visitas de supervisión. A su vez, el director de la residencia tendrá que informar periódicamente, la Dirección Nacional monitoreará su aplicación y los tribunales de familia realizarán visitas de revisión a las residencias.
El objetivo es que las facultades respondan a riesgos concretos y se ejerzan con límites, resguardando a los niños también frente a un uso indebido de estas herramientas.
Una respuesta que complementa la prevención y la atención especializada
El proyecto forma parte del Plan Chile Cuida a los Niños y se articula con la implementación de los circuitos de protección contra la explotación sexual, el aumento de las atenciones especializadas, anunciados ayer, y el trabajo de prevención con las familias y las comunidades.
La iniciativa aborda las amenazas urgentes que enfrentan los niños en residencias y requiere el acompañamiento de las distintas instituciones. Su aplicación debe complementarse con prevención, persecución penal y atención especializada.
“El Estado no puede prometer protección y llegar después que los explotadores. Este proyecto entrega herramientas para actuar a tiempo, con límites claros y control judicial”, afirmó la ministra.
