Nuevo informe presenta estimaciones de la pobreza en cada comuna de Chile
Las cifras fueron elaboradas a partir de la encuesta Casen 2024, complementada con datos del Censo 2024 y otros registros administrativos, como información sobre empleo, educación, salud y condiciones sociales.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio a conocer nuevas estimaciones de pobreza por comuna, entregando una radiografía detallada de cómo se distribuye este fenómeno en los distintos territorios del país.
La información entregada representa un avance que permite identificar con mayor claridad qué comunas enfrentan mayores niveles de pobreza, lo que facilitará una mejor focalización de las políticas públicas y una asignación más eficiente de los recursos del Estado.
Fuertes diferencias entre zonas del país
Los resultados muestran que la pobreza en Chile no se distribuye de manera uniforme, sino que presenta importantes brechas territoriales:
- En el sur, especialmente en regiones como La Araucanía, Biobío y Los Ríos, se concentran las comunas con mayores niveles de pobreza por ingresos.
- En la zona centro, la realidad es más diversa, con comunas que presentan distintos niveles de pobreza.
- En el extremo sur, en general, se observan menores niveles.
- En el norte del país, se aprecia una mayor dispersión, con comunas que registran tanto altos como bajos niveles.
Este informe también presenta la tasa de pobreza multidimensional a nivel comunal, la cual incorpora dimensiones como salud, educación, vivienda, empleo y redes. Este indicador complementa el diagnóstico basado en ingresos, al evidenciar las distintas privaciones que afectan a la población más allá de sus recursos monetarios, entregando así una visión más integral de las condiciones de vida en los territorios.
Desde el Ministerio señalaron que estas estimaciones no reemplazan las mediciones oficiales de pobreza a nivel nacional o regional, sino que buscan aportar un análisis complementario con enfoque territorial. Además, advirtieron que, debido a cambios metodológicos, los resultados no son comparables con versiones anteriores.
Subsecretaria Poblete presenta nueva metodología de medición de la pobreza y resultados de CASEN 2024 a funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Evaluación Social
Este jueves, en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de Evaluación Social, Paula Poblete, y el jefe de la División de Observatorio Social, Matías Cociña, presentaron a funcionarias y funcionarios de la SES los resultados en detalle de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2024, junto con los principales cambios introducidos por la nueva metodología de medición de la pobreza.
El objetivo de la presentación era abordar en profundidad técnica los alcances de la actualización de la medición y responder las dudas de las y los funcionarios que trabajan en las seis divisiones de la Subsecretaría y que utilizan la casen para los distintos instrumentos de caracterización de la población en el país.
La nueva metodología, elaborada en base a recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, incorpora estándares más exigentes que reflejan de forma más fiel la realidad socioeconómica del país. Entre otras innovaciones, elimina el uso del alquiler imputado para calcular ingresos y utiliza líneas diferenciadas para hogares arrendatarios y no arrendatarios, además de una canasta básica de alimentos saludables. Esto permite mejorar las políticas públicas de acuerdo con los desafíos actuales.
De acuerdo con la nueva metodología, que utiliza un estándar más exigente, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3% en 2024, es decir, 3,2 puntos porcentuales menos. Cuando este mismo estándar se utiliza para medir años anteriores, la pobreza por ingresos mantiene una tendencia a la baja, con estimaciones de 22,5% en 2017, 28,3% en 2020 y 20,5% en 2022.
A modo de referencia, si se hubiese mantenido la metodología anterior, la pobreza por ingresos también habría disminuido y en 2024 sería de 4,9%, por debajo del 6,5% registrado en 2022, del 10,7% en 2020 y del 8,5% en 2017.
Chile destaca entre los tres mejores sistemas de evaluación de políticas públicas en América Latina
Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, se ubicó en el tercer lugar regional en la primera medición del Índice de Capacidades Nacionales en Evaluación (INCE). Este instrumento compara el nivel de desarrollo de los sistemas de evaluación de políticas públicas en América Latina y el Caribe.
Según la medición, Chile alcanzó un puntaje de 6,17 sobre 10, muy cerca de México (6,35) y Costa Rica (6,18), y por sobre otros países evaluados como Colombia (6,07), Argentina (5,97), Ecuador (4,98), Perú (4,52), Uruguay (4,23), República Dominicana (4,15), Paraguay (3,61) y Guatemala (3,10).
El INCE es un instrumento que mide el grado de desarrollo de los sistemas nacionales de evaluación de políticas públicas a nivel regional. Es impulsado con apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo (DEval), ONU Mujeres y entes rectores en evaluación de varios países de América Latina. Actualmente, la red del INCE en LAC está compuesta por 11 países y cuenta con el apoyo y soporte metodológico de CLEAR-LAC (Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe). Durante 2025, además, países de África y Asia iniciaron sus procesos de medición y consolidación de sus propias redes regionales.
Al respecto, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete Maureira, señaló que “este resultado tiene un valor especial porque proviene de una evaluación externa, comparativa a nivel regional, que pone en perspectiva el trabajo conjunto que la Subsecretaría y la Dipres llevan haciendo hace más de 10 años en materia de evaluación de políticas públicas. Someter nuestro sistema a un estándar internacional permite no solo reconocer fortalezas, sino también identificar con claridad los desafíos que tenemos por delante”.
Para la directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, “debemos mirar con buenos ojos la evolución que ha tenido el Sistema de Monitoreo y Evaluación a lo largo de las últimas décadas en Chile porque se ha consolidado hoy como un sistema robusto que nos ha permitido tomar decisiones presupuestarias con información de calidad y oportuna sobre la oferta programática. Sin duda es importante continuar fortaleciéndolo y dar espacio a la revisión permanente, razón por la que tomamos la decisión de sumarnos por primera vez a la medición del INCE que justamente aporta identificando lo que estamos haciendo bien y qué podríamos hacer mejor. Recuerdo que meses atrás, en un seminario que se realizó en la Semana de la Evaluación, señalé que creía que nos iba a ir bien en esta medición y así fue, porque Chile es referente en la región en materia de evaluación de políticas públicas”.
La medición se construye a partir de 74 indicadores, agrupados en cinco dimensiones, que evalúan la estructura institucional, la oferta de evaluación, la calidad de las evaluaciones, los espacios de interlocución multiagente y el uso de la evaluación en la toma de decisiones públicas.
Uno de los principales hallazgos positivos está en la calidad de las evaluaciones, dimensión en la que Chile alcanzó 7,56 puntos, el registro más alto de su índice nacional. Este resultado refleja el cumplimiento de estándares de calidad, lo que implica avances significativos en la disponibilidad, confiabilidad y desagregación de los datos utilizados en los procesos evaluativos, así como en el rigor técnico de las evaluaciones, la oportunidad de sus resultados para la toma de decisiones públicas y la relevancia de las recomendaciones formuladas para la mejora de programas y políticas públicas. Asimismo, se evidencian progresos en la incorporación de enfoques transversales, como género, derechos y ética, junto con mecanismos de control y aseguramiento de la calidad.
También destacan los resultados en estructura institucional (6,7) —referida a la existencia de normativa, organismos y procedimientos destinados a evaluación— y uso de la evaluación (6,68), reflejando la accesibilidad y difusión de los resultados de evaluación. Estos resultados evidencian un sistema en el que la evaluación está formalmente incorporada al ciclo de las políticas públicas y a los procesos de asignación presupuestaria, con incidencia efectiva en decisiones de diseño, continuidad y reformulación de programas.
La aplicación del instrumento en Chile fue coordinada por la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, e incluyó la participación de instituciones públicas, academia, centros de estudio, organismos internacionales y ex autoridades del Sistema, lo que permitió recoger distintas miradas sobre su funcionamiento.
Junto con relevar los avances, se identifican desafíos, particularmente en materia de articulación entre actores y fortalecimiento de los espacios de interlocución con la ciudadanía y otros agentes que podrían orientar los esfuerzos futuros del Sistema de Monitoreo y Evaluación.
Con estos resultados, disponibles en https://inceval.org/country-page/chile refuerza su posicionamiento regional en evaluación de políticas públicas y abre nuevas oportunidades de cooperación técnica e intercambio de experiencias con otros países.
Ministra Javiera Toro por resultados de la ELPI 2024: “Persisten brechas que deben ser atendidas con urgencia”
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió a los resultados de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) 2024, instrumento que por 14 años ha seguido la trayectoria de más de diez mil niños, niñas y adolescentes en Chile, entregando información clave sobre bienestar, salud mental, uso de tecnologías y desigualdad social.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la ministra destacó que esta encuesta “siguió durante 14 años a más de 10 mil niños, encuestándolos en 2010, 2012, 2017 y 2024”. Agregó que “cuando partimos, tenían entre 0 y 4 años, y ahora ya son adolescentes de entre 14 y 18 años. Hay muchos datos que permiten mirar en detalle cómo cambian sus trayectorias, qué factores influyen en su desarrollo, dónde persisten desigualdades y en qué ámbitos debemos poner atención”.
La autoridad enfatizó que, en la adolescencia, los resultados reflejan señales preocupantes en bienestar y salud mental: “Hay datos que coinciden con lo que los propios adolescentes nos han señalado en distintas instancias. Más de un 25% presenta síntomas moderados o severos de depresión o ansiedad, con una brecha de género significativa: más de un 33% de las adolescentes mujeres y alrededor de un 19% de los adolescentes hombres”.
Otro aspecto relevante identificado por la ELPI es el uso intensivo de dispositivos móviles. “Más del 50% de los adolescentes pasa más de tres horas diarias en redes sociales; más del 40% declara que se queda mirando el celular o la tablet después de acostarse; y cerca de un 16% señala haber sido víctima de ciberacoso. Son datos que hablan de desafíos concretos para las políticas públicas”, señaló.
La ministra también subrayó las brechas de género en los niveles de satisfacción personal. “En todas las áreas, las adolescentes mujeres declaran una menor satisfacción que los hombres. Por ejemplo, en la satisfacción consigo mismos, ellas asignan una nota promedio de 4,8, mientras que los hombres alcanzan un 5,4. Esto también se relaciona con los indicadores de salud mental”.
Asimismo, abordó los resultados sobre el desarrollo del vocabulario en la primera infancia. “Lo más relevante que observamos son las brechas socioeconómicas, porque ahí claramente estamos fallando. En 2010, entre los niños con vocabulario superior al promedio, el primer quintil alcanzaba un 34,1% y el quinto un 56,4%. Catorce años después, las diferencias persisten: el primer quintil llega a un 61,1% y el quinto a un 82,7%. Esto muestra que las condiciones socioeconómicas y las políticas públicas aún no son suficientes y que hay brechas que debemos abordar con mayor decisión”.
Ministra Toro sobre estudio del costo de crianza en Chile: “permite avanzar hacia políticas públicas que reconozcan y valoricen el trabajo de cuidado”
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, en entrevista en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, abordó los principales resultados del estudio sobre el costo de la crianza en Chile, elaborado en conjunto por UNICEF, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de la Niñez y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Durante la entrevista, la secretaria de Estado destacó que esta es la primera canasta de crianza desarrollada en el país, la cual pone cifras concretas al valor económico y social del trabajo de cuidado.
“El cuidado es trabajo, y es fundamental para sostener la vida y la sociedad. Por eso, este estudio no solo mide el gasto en bienes y servicios, sino también el tiempo que madres, padres y cuidadores dedican a criar, algo que históricamente ha sido invisibilizado”, señaló la ministra Toro.
El informe estima que el costo promedio mensual de la crianza alcanza los 595 mil pesos, de los cuales 383 mil corresponden a bienes y servicios, y 211 mil al tiempo de cuidado no remunerado. Según explicó la ministra, este tipo de evidencia “permite avanzar hacia políticas públicas que reconozcan y valoricen el trabajo de cuidado, para que no recaiga únicamente en las familias y, sobre todo, en las mujeres”.
La autoridad subrayó además que el estudio contribuye a fortalecer leyes y programas que promueven la corresponsabilidad, como la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como Ley Papito Corazón, y la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral.
“Cuando decimos que cuidar debe ser una responsabilidad compartida, estamos hablando de construir un Estado que acompañe a las familias. No se trata de desincentivar la maternidad, sino de garantizar que tener hijos no signifique una renuncia laboral o económica”, afirmó.
En esa línea, la ministra Toro reiteró el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y con la pronta aprobación del proyecto de Ley de Sala Cuna para Chile, actualmente en discusión en el Congreso.
“Hemos avanzado mucho en estos tres años y medio, pero aún falta camino por recorrer. Queremos que cuidar deje de ser una carga individual y se convierta en un derecho garantizado por el Estado”, recalcó.
Finalmente, la ministra destacó que contar con datos objetivos sobre el costo de criar “permite diseñar mejores políticas y tomar decisiones informadas para las familias, reconociendo el valor económico del tiempo y del cuidado que sostiene la vida cotidiana en Chile”.
Estudio Gobierno y Unicef: Cerca de $595 mil mensuales cuesta mantener la crianza en Chile
¿Cuánto cuesta criar en Chile? Esa fue la pregunta que motivó al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con apoyo de UNICEF, a elaborar por primera vez una Canasta de Crianza, un estudio que busca poner en cifras el esfuerzo económico y de tiempo que realizan las familias al hacerse cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes.
El informe no solo mide los gastos monetarios en bienes y servicios, sino también el tiempo no remunerado que madres, padres y cuidadores destinan a la crianza. Para ello se utilizaron datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF 2021–2022) y de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT 2023), en un trabajo acompañado por una mesa técnica donde participaron el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Los resultados muestran que criar implica un fuerte impacto en los presupuestos familiares: dependiendo de la edad del hijo o hija, el gasto total del hogar puede aumentar entre un 27% y un 31% en comparación con un hogar sin niños. El primer hijo concentra la mayor parte del costo, mientras que los siguientes demandan menos recursos porque ciertos gastos pueden compartirse.
“Este primer estudio desarrollado por Unicef ofrece una herramienta técnica y objetiva fundamental ante tribunales para estimar el costo real de criar a un hijo o hija, lo que se podría transformar en una referencia a considerar a la hora de fijar la pensión de alimentos”, dijo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
“Hoy Chile ha avanzado mucho en protección social: con Chile Crece Contigo, con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y esto es importante, sobre todo cuando se discute el rol y el tamaño del Estado. Nuestro gobierno cree en un Estado moderno y eficiente, que cumple su misión de proteger. Porque cuando no hay protección social, la carga de criar —en costos y en tiempo— recae solo en las familias y, especialmente, en las mujeres. La crianza debe entenderse como una inversión social, no solo como una responsabilidad privada”, indicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.
En promedio, el costo mensual de la crianza alcanza los $595.000. De este total $ 383.267 equivale al costo en bienes y servicios y $211.616 al costo del tiempo. Sin embargo, la cifra varía considerablemente según la etapa del desarrollo. En la primera infancia, más de la mitad del presupuesto corresponde al tiempo de cuidado. Por ejemplo, para un niño o niña de 0 años, el gasto equivale a $369 mil en tiempo y $366 mil en bienes y servicios. En cambio, en la adolescencia, el peso recae principalmente en los bienes y servicios: entre los 14 y 17 años, el costo mensual asciende a $418 mil en productos y solo $68 mil en tiempo.
En términos absolutos, los extremos de la infancia marcan la diferencia: criar a un niño de 2 años cuesta en promedio $709 mil mensuales, mientras que, en la adolescencia, a los 15 años, el gasto desciende a $485 mil.
“Criar a un niño no es solo responsabilidad de los padres: es también tarea de toda la sociedad. Sabemos que el desarrollo de la niñez implica crecimiento económico para las familias, porque se requieren nuevos servicios como salud, educación, cuidado y protección social. Los niños necesitan apoyos multidimensionales y en eso también está el tiempo. Este estudio muestra, por ejemplo, que a medida que los hijos crecen, los padres tienen menos tiempo con ellos, pero los gastos aumentan, sobre todo en la adolescencia. Por eso, es fundamental que las políticas públicas consideren todas las etapas para acompañar su desarrollo”, concluyó la representante de UNICEF en Chile, Violet Speek-Warnery.
¿Por qué es importante contar con una Canasta de Crianza?
La Canasta de Crianza entrega una estimación clara del esfuerzo económico y de tiempo que enfrentan las familias al criar a niños, niñas y adolescentes y permite contar con un insumo central para fortalecer las políticas públicas de infancia. Entre otros aspectos permite:
- Fortalecer la protección social: al dimensionar con precisión el esfuerzo que hacen las familias, se pueden diseñar transferencias y servicios que alivien esa carga, especialmente en contextos de pobreza y vulnerabilidad.
- Orientar de forma más eficiente la oferta pública de apoyos y servicios: la Canasta de Crianza muestra cómo varía el costo de criar según la edad de los niños, la composición familiar y las condiciones socioeconómicas. Esto favorece un enfoque diferencial, esencial para avanzar hacia políticas de cuidado universales, accesibles y equitativas.
- Visibilizar el valor económico del tiempo de cuidado no remunerado: al poner en evidencia un aporte fundamental que no suele registrarse en la economía formal, se refuerza la necesidad de políticas que redistribuyan las responsabilidades de cuidado y promuevan la corresponsabilidad.
- Respaldar demandas de pensión de alimentos: la Canasta de Crianza ofrece una herramienta técnica y objetiva para fundamentar ante tribunales el costo real de criar a un hijo/a. Esta estimación clara y documentada incluye tanto los gastos directos —alimentación, educación, salud, transporte— como el valor económico del tiempo de cuidado, fortaleciendo los argumentos de madres y representantes legales.
- Reforzar la visión de la crianza como inversión social: los niños y niñas serán quienes sostendrán las economías y sistemas de protección social en el futuro. Valorar la crianza permite reconocer que no es solo una responsabilidad privada, sino una inversión con altos retornos para toda la sociedad.
Comisión Experta Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza entregará su informe final en mayo de 2025
La Comisión Experta Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza en Chile, liderada por el economista Osvaldo Larrañaga e integrada por destacados expertos y expertas, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia una ampliación del plazo para la entrega de su informe final. El documento será presentado al presidente Gabriel Boric en mayo de 2025.
La solicitud de extensión responde al objetivo de garantizar la solidez metodológica de la propuesta que las y los comisionados entregarán al Presidente, con miras a su evaluación e implementación utilizando los datos que se obtengan mediante la Encuesta Casen 2024, que actualmente está en trabajo de campo.
El informe incluirá la propuesta de una nueva metodología para la determinación de la línea de pobreza y el cálculo de la pobreza por ingresos, con miras a establecer una forma de medición de largo plazo, que permita estimar la cifra de pobreza por ingresos durante un período extendido, considerando los cambios económicos y sociales que ha atravesado el país desde la última actualización metodológica, realizada en 2015.
Adicionalmente, la Comisión ha realizado un análisis del instrumento de medición y una revisión en profundidad de las dimensiones e indicadores que componen el índice de pobreza multidimensional, respecto del cual realizarán una propuesta de modificación comprehensiva.
Desde el inicio de su trabajo, en diciembre de 2023, la Comisión ha trabajado de manera regular, autónoma y colaborativa, generando espacios para la participación de actores de la sociedad civil, la academia, el Estado y los organismos internacionales, entre otros. Su propósito ha sido desarrollar herramientas que reflejen con precisión las necesidades sociales actuales, en sintonía con los estándares internacionales.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, otorgó la extensión solicitada. Destacó, además, el trabajo ad honorem realizado por las personas que integran la comisión y la relevancia de estos esfuerzos para el diseño de políticas públicas efectivas, que aborden integralmente el desafío de continuar reduciendo la pobreza en Chile.
Más detalles sobre el trabajo de la Comisión se pueden consultar en el sitio web www.comisionpobreza.cl.
Ministerio de Desarrollo Social y Familia participa de la presentación del Informe Anual 2024 de la Defensoría de la Niñez
En una ceremonia realizada en el Museo Artequín, en Quinta Normal, la ministra de Desarrollo Social y Familia, asistió a la entrega del Informe Anual 2024 y Cuenta Pública de la Defensoría de la Niñez.
Junto al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille y a diversas autoridades, la instancia tuvo por objeto informar a los distintos poderes e instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, los principales alcances de la gestión en el período comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.
Dirección de Presupuestos y Subsecretaría de Evaluación Social publican resultados del monitoreo de programas públicos 2023
Santiago, jueves 6 de junio 2024.- La Subsecretaría de Evaluación Social (SES) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) presentaron los resultados del proceso de monitoreo de programas gubernamentales implementados durante 2023, que en esta ocasión consideró 689 programas públicos, lo que equivale a un 45% del Presupuesto ejecutado durante el año pasado.
Entre los resultados se muestra que, respecto de 2022, 26 programas fueron descontinuados y 13 fusionados. Además, el número de programas con gastos menores a 2.000 millones de pesos bajó de 303 a 292. Estos cambios dan cuenta del avance a nivel central del sector público hacia la racionalización y menor fragmentación de la oferta programática, reflejando la constante contribución del Sistema de Monitoreo y Evaluación en asegurar el mejor uso de los recursos públicos.
Al respecto, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, señaló que “estos resultados, son un primer paso en racionalización y menor fragmentación de la oferta pública, lo que va en línea con los esfuerzos que por años se han realizado para optimizar la oferta de programa públicos”. Agregó que “de todos modos, todavía hay importantes espacios de mejora en los programas de baja cobertura efectiva y relevante gasto administrativo. El objetivo es que los programas públicos se ejecuten con evidencia en sus resultados y de manera eficiente y eficaz de los recursos públicos”.
Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete Maureira, mencionó que “en 2023, un 61,7% de los programas públicos informó la incorporación del enfoque de género, lo que representa un aumento de 12 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esto es especialmente relevante porque representa un importante avance en el compromiso de gobierno para la transversalización de género en el Estado”.
Sobre el monitoreo
El monitoreo de los programas públicos corresponde al seguimiento del desempeño e implementación de los programas financiados con fondos públicos, a partir de la información que declaran los respectivos ministerios y servicios. La revisión considera el análisis de la población efectivamente beneficiada, bienes y servicios provistos, gasto ejecutado por beneficiario y resultados alcanzados por cada uno de los programas, entre otros puntos.
Aunque el monitoreo no constituye una evaluación en sí misma de resultados, genera insumos informativos que son utilizados en los procesos de evaluación ex ante y ex post realizados por la SES y la Dipres. Todo aquello conforma el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Estado.
De cara al Presupuesto 2025: Dipres y Subsecretaría de Evaluación Social inician nuevo proceso de evaluación ex ante de programas públicos
Como parte del esfuerzo por seguir mejorando la calidad de las políticas públicas y del uso de los recursos fiscales asociados a ellas, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) dieron el puntapié inicial al proceso de evaluación ex ante 2025. En estas evaluaciones se revisa y reformula el diseño de los programas para asegurar su coherencia con el problema que buscan resolver y lograr ser eficaces en su implementación.
En una actividad que reunió a 124 encargados de la oferta programática de más de 66 servicios públicos, así como a sus jefaturas presupuestarias, las autoridades reforzaron que en este nuevo ciclo de evaluación ex ante el foco estará en consolidar y racionalizar los programas vigentes, buscando espacios de eficiencia para mejorar la oferta programática que se pone a disposición de la ciudadanía y la calidad del gasto público.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, destacó que “este es uno de los primeros hitos de la formulación del Presupuesto 2025 hacia los servicios públicos, proceso en el que vamos a velar por la racionalización y consolidación de la oferta programática ya existente. Queremos poner el foco en racionalizar la oferta vigente, en revisar la continuidad de programas de baja cobertura efectiva y gasto ejecutado, que en sus resultados no están ‘moviendo la aguja’, o que podrían ser un componente de otros programas. Todo esto, considerando la disminución acumulada en el tiempo de nuestro espacio de gasto”.
La autoridad resumió que “hemos tratado que la incidencia presupuestaria del trabajo al que hoy se da inicio se fortalezca cada vez más. En el proceso de formulación del proyecto de ley de Presupuestos 2024 ingresaron a evaluación ex ante 44 programas nuevos, de los cuales 24 fueron calificados como objetados técnicamente (OT), es decir con debilidades en su diseño, y por ello ninguno fue financiado en dicha Ley. Urgencia, priorización, resultados y espacio fiscal acotado son las ideas fuerza que van a estar inspirando nuestra formulación del Presupuesto para 2025″.
Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete Maureira, señaló que “este nuevo ciclo de evaluación de diseño de programas es una oportunidad para hacer ajustes; queremos reforzar la importancia de fortalecer la coordinación entre servicios públicos, consolidando y racionalizando nuestra oferta programática para garantizar una respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de las personas. La inversión que realiza en el Estado en sus programas tiene que apuntar al bienestar de la ciudadanía. Si los programas están bien diseñados, los principales ganadores son las personas y el Estado.
Los servicios públicos tienen hasta el 20 de mayo para ingresar voluntariamente programas a la evaluación ex ante, para tener asegurada la asistencia técnica y el informe de evaluación. Adicionalmente, hay programas a los que se les solicitó someterse a una evaluación de este tipo, para revisar sus diseños y subsanar debilidades, a partir de resultados en procesos ex ante previos, de hallazgos en su monitoreo o por ser programas calificados con mal desempeño en evaluaciones ex post. Específicamente, Dipres solicitó el ingreso a 31 programas no sociales, mientras que la Subsecretaría de Evaluación Social hizo lo mismo con 53 programas sociales.
La evaluación ex ante, iniciada en 2008, es el primer paso en el ciclo de vida de las propuestas de programas públicos, ya sea sociales o no sociales. En ella se verifica que exista coherencia entre el problema público a abordar, la población afectada, los objetivos definidos y la medición de resultados. Con base en este análisis se elabora un informe y se asigna una calificación, que sugiere la conveniencia de implementar el diseño tal cual fue presentado.
Sus resultados son determinantes para facilitar el posterior monitoreo del desempeño de la oferta programática, para llevar a cabo evaluaciones ex post, y son —en conjunto con estos otros componentes del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Dipres y la SES— un insumo clave para los servicios públicos al momento de priorizar los recursos en la formulación de sus presupuestos para el año siguiente.