III Estudio Nacional de la Discapacidad de Senadis establece que el 22% de la población adulta presenta discapacidad en La Araucanía
En un encuentro ciudadano encabezado por el Director Nacional de Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, junto a la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Mariela Huillipan, y la Directora Regional (s) de Senadis, Carola Muñoz, se presentaron los principales resultados regionales del III Estudio Nacional de la Discapacidad (III ENDISC), que reveló que el 22% de la población adulta de la Región de La Araucanía son personas con discapacidad, proporción mayor que el porcentaje de la población nacional (17,6%).
Resultados
Otras cifras entregadas por el Estudio establecen que, del porcentaje regional, el 7,4% son personas con discapacidad leve a moderada, y un 14,6% personas con discapacidad severa.
La distribución del porcentaje de discapacidad en la población adulta según sexo mantiene la tendencia nacional, pues en las mujeres hay mayor prevalencia de discapacidad comparado con los hombres. Del universo de mujeres adultas en la Región, un 27,2% son personas con discapacidad, mientras que en los hombres adultos en la Región, dicho porcentaje es de 16,6%.
Respecto a estos datos, el Director Nacional Senadis, Daniel Concha, manifestó que “lo más importante del estudio, es esta medición de la interacción del entorno y la funcionalidad de todas las comunidades de personas con discapcidad y, cómo nosotros vamos dialogando para ver cuáles son los apoyos y asistencias adecuadas para ir derribando las barreras del entorno que provocan más discapacidad”
Brechas
Por otra parte, los datos también revelan que en los quintiles de menores ingresos hay mayor prevalencia de discapacidad, pues en los quintiles I y II, un 24,1% corresponde a población con discapacidad, y en los quintiles III al V, un 19,6%.
Los indicadores de educación muestran que la población adulta sin discapacidad tiene, en promedio, más años de escolaridad que la población adulta con discapacidad. En la región, las personas sin discapacidad tienen un promedio de 11,5 años de escolaridad, mientras que la población con discapacidad tiene un promedio de 9,1 años de escolaridad.
El Estudio también evidenció las brechas de inclusión laboral entre la población adulta con y sin discapacidad. El 30,5% de la población adulta con discapacidad está ocupada, frente al 58,2% de la población sin discapacidad. Respecto a la población que participa del mercado laboral en la población con discapacidad es un 35,5%, comparado con un 65,3% de la población sin discapacidad.
En ese sentido, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Mariela Huillipan, agregó que “existen algunas brechas de ingresos (económicos), en transportes, en educación, entre otros, y ahí es importante articular al intersector. Tenemos que realizar conversaciones políticas y técnicas para poder generar los espacios y avanzar en generar acciones concretas respecto a la inclusión social y la autonomía de las personas”.
Dependencia
Respecto a la dependencia, el Estudio identifica como persona en situación de dependencia a aquellas personas con discapacidad que, debido a su salud, requieren de la asistencia de otra persona para realizar algunas tareas o actividades en su vida diaria. Del total de personas adultas con discapacidad, el 52,2% se encuentra en situación de dependencia.
Según los resultados del Estudio, de los adultos con discapacidad de entre 18 a 59 años, el 37,7% está en situación de dependencia, mientras que en los adultos con discapacidad de 60 años y más, el 70,7% está en situación de dependencia.
Cabe señalar que, el estudio utiliza un marco conceptual, metodológico y estadístico validado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud. OMS, y continúa con la serie ENDISC de estudios realizados el 2004 y el 2015, enfocados en el análisis y comprensión de las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en Chile.
Dirección de Presupuestos y Subsecretaría de Evaluación Social inician proceso de evaluación Ex Ante de programas públicos
Como parte del esfuerzo por seguir mejorando la oferta programática y el gasto público, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) iniciaron oficialmente el proceso de evaluación Ex Ante de programas públicos 2024, etapa que analiza los programas que requieren actualizar su diseño a través de una reformulación.
Este martes, en el Auditorio de la Contraloría General de la República, la directora Javiera Martínez y la subsecretaria Paula Poblete expusieron a los equipos programáticos y presupuestarios de los distintos servicios públicos las principales características de este proceso, que es parte del Sistema de Evaluación y Monitoreo del Gobierno Central.
En la actividad, las autoridades recordaron que la evaluación Ex Ante tiene como objetivo evaluar la consistencia del diseño de los programas de la oferta programática, lo que se traduce en resolver situaciones de fragmentación y eventuales duplicidades de programas, es decir intervenciones orientadas a resolver problemas similares a poblaciones muy parecidas.
Estas evaluaciones —coordinadas por la DIPRES y la Subsecretaría— también generan insumos para el proceso de formulación presupuestaria, lo que contribuye a una mayor transparencia del gasto público y a facilitar el monitoreo y la evaluación posterior del desempeño de la oferta pública.
La directora de Presupuestos destacó que “como parte de la Agenda Mejor Gasto que impulsamos desde la Dirección de Presupuestos, el proceso de evaluación Ex Ante juega un rol fundamental en este objetivo. A partir del análisis de los programas ya existentes, buscamos minimizar fragmentación, evitar duplicidades y traslapes, lo que aporta directamente a tener un gasto de mejor calidad”.
Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, destacó que “para muchas problemáticas es el Estado quien ofrece la mejor solución. Tenemos que esforzarnos para que nuestros programas lleguen a la ciudadanía como una respuesta a la altura de lo que se necesita y se espera. Eso requiere que como Estado nos articulemos y coordinemos, para que seamos eficientes y responsables en el gasto público, especialmente en el de los programas sociales”.
La evaluación Ex Ante es el primer paso en el ciclo de vida de los programas públicos, sociales y no sociales. La DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social verifican que exista coherencia entre el problema público a abordar, la población afectada, los objetivos definidos y la medición de resultados. Esto permite el posterior monitoreo y evaluación ex post de la iniciativa, lo que contribuye a una mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Innovaciones 2024
El proceso de este año cuenta con ciertas innovaciones. En primer lugar, el foco está puesto en la revisión y reformulación de la oferta programática vigente para alinearla a las prioridades estratégicas ministeriales. En caso de que los servicios identifiquen necesidades que no puedan ser abordadas a través de reformulación programática, éstas solo podrán ser abordadas a través de programas piloto, de manera de comprobar eficiencia y eficacia previo al escalamiento a nivel de programas, en línea con el objetivo de disminuir la fragmentación de la oferta. Además, por primera vez se invitó a los jefes de administración y finanzas de los servicios, para que se involucren desde esta etapa en la formulación presupuestaria.
El proceso Ex Ante desarrollado cada año corresponde a la evaluación de diseño de la oferta programática presentada para el año siguiente. Es decir, este año se analizarán los programas por implementarse en 2024. La DIPRES solicitó el ingreso de 38 programas no sociales para revisar sus diseños y subsanar debilidades, a partir de procesos Ex Ante previos, hallazgos del proceso de monitoreo y programas calificados con mal desempeño en evaluaciones ex post, mientras que la Subsecretaría de Evaluación Social hizo lo mismo con 44 programas sociales. Además, el plazo máximo para ingresar programas y tener asegurada la asistencia técnica y el informe de evaluación es el 5 de junio.
Presentan resultados del III Estudio Nacional de la Discapacidad para la RM
La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete y el director nacional de Senadis, Daniel Concha, encabezaron la presentación de resultados para la Región Metropolitana de la tercera versión del Estudio Nacional para la Discapacidad (ENDISC).
El estudio se nutre de los datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022, que ya entregó sus primeros resultados y dará a conocer nuevos análisis a fines de abril.
Los resultados de ENDISC a nivel regional dieron cuenta de que un 19,1% de la población adulta de la región Metropolitana son personas con discapacidad, por encima del 17,6% promedio a nivel nacional. De estas personas, un 6,7% tienen discapacidad leve a moderada, mientras que un 12,4% son personas con discapacidad severa.
El estudio también mostró que la distribución según sexo mantiene la tendencia nacional, pues en las mujeres hay mayor prevalencia de discapacidad: del universo de mujeres adultas en la región, un 24,1% son personas con discapacidad, mientras que en hombres el porcentaje es de 13,8%.
El director nacional de Senadis anunció una gira para presentar los datos de las regiones de Aysén, Coquimbo, Atacama, La Araucanía, Arica y Parinacota y Ñuble.
ENDIDE 2022: Ministro Jackson presenta datos actualizados de discapacidad y dependencia en el país
Desde el Centro Diurno Comunitario para Personas Mayores de Senama en la comuna en la comuna de San Joaquín, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, presentó este sábado los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022.
Acompañado de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal, la directora de Senama, Claudia Asmad, el director de Senadis, Daniel Concha, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra y diversas autoridades, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson recorrió las principales cifras de esta encuesta que levantó por primera vez de manera simultánea información respecto de situaciones de discapacidad y dependencia en el país, con el objetivo de caracterizar las condiciones de salud y calidad de vida de las personas. El estudio, orientado a población general de 2 años y más, permitió indagar además en las condiciones de vida de quienes realizan labores de cuidado a personas que requieren asistencia dentro de sus hogares
“Los datos nos sugieren que las desigualdades que existen en nuestro país afectan a la discapacidad y a la dependencia, y también tiene sesgo de género, por lo tanto es importante contar con esta información y datos para mejorar las políticas públicas que impulse el gobierno junto a las organizaciones de la sociedad civil”, señaló el ministro Giorgio Jackson durante la presentación de los resultados.
ENDIDE: Principales resultados sobre discapacidad
Dentro de los principales resultados respecto de la discapacidad, ENDIDE reveló que el 17,6% de las personas adultas del país presenta algún grado de discapacidad, lo que equivale a 2.703.893 personas. De ellas, un 11,4% presenta discapacidad severa y un 6,2% presenta discapacidad leve o moderada.
La encuesta, que estuvo a cargo de la Subs también evidenció que la prevalencia de la discapacidad es mayor entre las mujeres que entre hombres, con un 21,9% y un 13,1%, respectivamente. Estas brechas de género se observan en todos los grupos etarios y todos los niveles de ingreso.
Al mismo tiempo, el estudio muestra que la probabilidad de presentar una discapacidad aumenta con la edad. El porcentaje de personas con discapacidad pasa de un 9,9% en el grupo de 18 a 29 años, a un 11,7% en las personas de 30 a 44 años, un 17,5% en las personas de 45 a 59 y, finalmente, un 32,6% en el grupo de personas de 60 años y más.
Los datos también revelan que la probabilidad de presentar discapacidad disminuye a medida que aumenta el ingreso del hogar de las personas. Mientras que en el primer quintil el porcentaje es de 21,9%, en el quintil de mayores ingresos la proporción de personas con discapacidad es 13,5%.
Situación de dependencia
Según los resultados de la encuesta, el 9,8% de la población adulta del país, equivalente a casi 1,5 millones de personas, se encuentra en situación de dependencia. De este total, un 2,7%, es decir, cerca de 420 mil personas, está en situación de dependencia severa.
La mayoría de las personas que se encuentra en situación de dependencia son mujeres, con un 12,4%. En los hombres, en tanto, el porcentaje es de un 7,1%.
La encuesta también arrojó que la dependencia aumenta con la edad, especialmente al llegar al tramo de 60 años o más, grupo donde la proporción es de 22,2%. Pese a esto, es importante destacar que, de acuerdo a los datos presentados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la gran mayoría de las personas mayores, un 77,8%, son personas autovalentes.
El nivel de ingresos de los hogares donde viven las personas con discapacidad también influye en su situación de dependencia. Mientras que el 13,1% de la población del primer quintil de ingresos presenta dependencia, en el quintil de mayores ingresos la cifra es de 6,2%.
Resultados relacionados a cuidados
ENDIDE también permite identificar a las personas que son responsables principales del cuidado de otro integrante del hogar. Los resultados presentados este sábado muestran que 41,3% de las personas con dependencia declara no tener un(a) cuidador(a) que le preste asistencia de manera permanente, mientras que el 41,5% declara tener uno(a) o más cuidadores(as) que residen en el hogar. Un 8,6% tiene uno(a) o más cuidadores(as) que residen fuera del hogar, y otro 8,5% cuenta con personas cuidadoras tanto dentro como fuera del hogar.
La caracterización las personas que ejercen labores de cuidados dentro de los hogares del país estará disponible en una nueva ronda de presentación de resultados, que se publicará en marzo de este año. Durante ese mismo mes, se publicarán las cifras de discapacidad para la población de niñas, niños y adolescentes de entre los 2 y los 17 años.
Antecedentes de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE)
La Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022, es un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), liderado por la Subsecretaría de Evaluación Social, en colaboración con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).
El proceso de levantamiento de la Encuesta fue llevado a cabo por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que encuestó a 35.536 personas de 2 años y más en todas las regiones del país. El trabajo de campo se realizó entre el 22 de abril y el 26 de agosto de 2022.
La Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2022 fue dirigida a la población general y las personas encuestadas fueron seleccionadas aleatoriamente, por lo cual no fue un requisito tener alguna discapacidad y/o dependencia para participar.
Dentro de las innovaciones de la encuesta está la incorporación de las más recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apoyó técnicamente el proceso, tanto en la medición de la discapacidad como dependencia. Además, permitió aumentar el universo en la medición dependencia funcional a partir de los 18 años pues, hasta ahora, el país solo contaba con datos de dependencia a partir de los 60 años, que datan del año 2009. Al mismo tiempo, ENDIDE profundizó en la temática de los cuidados al interior de los hogares, incluyó la participación directa de niños, niñas y adolescentes en la encuesta, mediante un módulo autoaplicado para población de 10 a 17 años, y consideró un protocolo inclusivo de entrevista.
Endide tiene como antecedente dos estudios de referencia para la medición de la discapacidad y la dependencia funcional: el Estudio Nacional de Discapacidad del año 2015 (Endisc II) y el Estudio Nacional de Dependencia en Personas Mayores del año 2009 (EDPM 2009).
Los resultados y antecedentes del estudio se pueden consultar en el sitio web del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
La Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos inician el proceso de Monitoreo de Programas Públicos de 2022
Este martes la Subsecretaría de Evaluación Social (SES), y la Dirección de Presupuestos (Dipres), dieron inicio al proceso de Monitoreo de Programas de 2022, con el objetivo de contribuir a la calidad de la oferta pública, a través de la generación de información relevante para la toma de decisiones que se realiza en las distintas instituciones del Estado.
En la ceremonia, donde se expusieron los principales hitos a más de 300 asistentes, -tanto presenciales como vía streaming- vinculados a los equipos técnicos de los Servicios Públicos, la subdirectora de Presupuestos, Sereli Pardo, indicó que “el monitoreo de programas es una herramienta que permite hacer una mejor reasignación de los recursos”. En tanto, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete planteó que “este proceso consiste en el análisis de la oferta pública para identificar cómo los programas del Estado responden a los problemas que se plantearon solucionar. Es una instancia virtuosa fruto de la colaboración y articulación, y sirve para identificar duplicidades, complementariedades y, en definitiva, para mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas y así ir en beneficio de la ciudadanía”.
El primer hito del monitoreo -que permite identificar hallazgos y levantar datos del desempeño de los programas ejecutados durante el año fiscal anterior al proceso de Formulación Presupuestaria-, será la entrega de información por parte de más de 87 entidades públicas ejecutores de más de 750 programas, con fecha límite el 27 de enero.
Luego, durante marzo, se generan los reportes de monitoreo 2022 que, finalmente, se publicarán en abril en el Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS), la web de la Dipres y en Data Social.
“Que este proceso se haga público y se difunda, es un elemento muy importante en el objetivo de transparencia fiscal”, destacó Pardo. Entre otros, el monitoreo permite gatillar acciones que vinculan a las otras líneas del Sistema de Evaluación y Monitoreo del Estado, como la Evaluación Ex Ante (cuando se identifican deficiencias que deben ser abordadas en una revisión de diseño) y la Evaluación Ex Post (cuando se revisan los programas en profundidad para abordar problemas de diseño e implementación).
Adicionalmente, durante la ceremonia se hizo un reconocimiento a los equipos de la SES y la Dipres por el primer lugar obtenido en el concurso BID-CoPLAC, en la categoría Gestión por Resultados en el Desarrollo, por la implementación de la Plataforma Integral para el Monitoreo y Evaluación del Desempeño de Oferta de Programas Públicos del Estado. Este concurso tiene como objetivo reconocer los esfuerzos de los líderes de la región en la ejecución de la gestión pública, mediante los diferentes pilares de la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), realizado por la Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La titular del SES, Paula Poblete, señaló que “este premio viene a respaldar la calidad técnica y profesional de dos equipos que se complementan muy bien y que, al mismo tiempo, asesoran y acompañan integralmente a diversas instituciones públicas en el país”.
Asimismo, Sereli Pardo destacó que “la colaboración en el trabajo entre la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social, en particular la Subsecretaría de Evaluación Social, es un esfuerzo conjunto que viene creciendo a lo largo de los años, y que ha generado resultados muy positivos”.
Se publican resultados del Monitoreo de Programas 2021 con una nueva desagregación por género, comuna y de análisis por dimensión
La Subsecretaría de Evaluación Social (SES) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) publican el resultado del proceso de monitoreo de Programas Gubernamentales 2021, que incluye una ficha de evaluación de cada uno de los 699 programas que presentaron ejecución el año pasado, además de una minuta que resume los principales hallazgos.
El monitoreo de la oferta programática corresponde al seguimiento del desempeño e implementación de los programas ejecutados con recursos públicos, a partir de información que es autoreportada por los respectivos ministerios o servicios públicos. En esta instancia del sistema de evaluación se monitorea el desempeño según criterios de focalización, eficacia y eficiencia de las iniciativas, los que se establecen al momento de diseñar un programa. Los hallazgos del proceso permitirán avanzar a una etapa posterior de evaluación ex post, en el caso de debilidades más profundas o reiteradas, o bien cuando se requiera medir con mayor profundidad si un programa cumple o no con sus objetivos.
Así, el monitoreo se integra al sistema de evaluación como una etapa intermedia, entre el proceso de revisión del diseño de un programa (evaluación ex ante) y su evaluación a cabalidad en un proceso ex post. Estos resultados que se ponen a disposición de la ciudadanía se suman a los esfuerzos de mejor gasto y productividad fiscal.
En esta entrega se incluye nueva información desagregada según sexo. De un universo de 306 programas que reportaron esta información –de 409 que reportaron a personas como beneficiarias– los ministerios de la Mujer y Equidad de Género, de Desarrollo Social y Familia y de las Culturas, Artes y Patrimonio reportan la mayor participación de beneficiarias, con porcentajes de 95,2%, 69% y 58,5% respectivamente. En tanto los ministerios que reportan un mayor porcentaje de beneficiarios son el de Agricultura con 69,9%, del Interior y Seguridad Pública (53,7%) y de Justicia y Derechos Humanos con 52,7%.
“Este proceso permite medir el avance en reducción de brechas y generación de medidas de equidad para acceso a los programas, aspectos contenidos en el eje estratégico del Programa del Presidente Boric, que pretende transversalizar la perspectiva de género en toda la oferta del Estado”, señala Francisca Moreno, jefa de División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Además, se suma un análisis por dimensiones, que permite reflexionar diferenciadamente entre distintos aspectos de la política pública y, a su vez, desagregar a nivel de problemas principales y específicos. Esto busca abrir espacios y fortalecer instancias de articulación, colaboración y coordinación de la política pública.
“Uno de los aspectos que se advierte en la oferta programática es que se evidencia una cierta fragmentación. Esto se ve reflejado en que múltiples programas abordan poblaciones y/o problemas similares y que en muchos casos se ejecutan con un bajo gasto efectivo, lo que también podría evidenciar algún grado de atomización”, señaló Francisca Moreno.
Por ejemplo, desde la perspectiva de la cantidad de programas por dimensión, la de economía y crecimiento es la que cuenta con más oferta vigente, con 134 programas, mientras que en términos de presupuesto total ejecutado autorreportado por los servicios responsables registra M$1.415.551.823, ubicándose en el cuarto lugar.
En tanto, por monto ejecutado, la dimensión de trabajo, ingresos y seguridad social se ubica en el primer lugar de ejecución con recursos por M$23.555.120.427 y se ubica en el quinto lugar según cantidad de programas con 62 iniciativas. Cabe mencionar que en este mayor monto ejecutado incide el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que involucró recursos por M$17.011.443.187.
“Estos resultados, junto a la información desagregada y la que aporta el seguimiento de la oferta según la focalización, eficiencia y eficacia de los programas, permiten incorporar elementos relevantes y oportunos al proceso de formulación presupuestaria, lo que contribuye a una mayor transparencia y mejor uso de los recursos públicos”, manifestó el jefe del Departamento de Evaluación y Transparencia Fiscal de Dipres, Slaven Razmilic.
Razmilic aclaró que los resultados del proceso de monitoreo permiten identificar aquellos programas con debilidades y que deberán ser abordadas en una revisión de diseño (ex ante), y por otra, permite establecer un listado de programas susceptibles de ser evaluados en profundidad en cuanto a sus resultados (ex post).
“Contar con esta información permite que dentro del Estado se elabore un Presupuesto que considere oportunamente los hallazgos que arroja el monitoreo que se realizó de la oferta programática vigente entre enero y febrero del año en curso. En base a eso, desde la Dipres le damos el marco de referencia a los servicios para que hagan su propuesta presupuestaria, condicional a que subsanen las deficiencias identificadas o que se comprometan tareas que corrijan debilidades más estructurales. Este año en particular se enfatizó en la importancia de evitar la fragmentación de la oferta programática como una manera de contribuir a la eficiencia y un mejor gasto por parte del Estado”, explicó Razmilic.
Los archivos los encuentran en este link, en las secciones Programas monitoreados y Documentos. A partir de agosto los resultados también estarán disponibles en el sitio web de Data Social de la SES.
Para saber más del Sistema de Evaluación y Monitoreo revisa los siguientes videos:
La Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos inician el proceso de Evaluación ex ante para programas nuevos y reformulados
Este viernes 29 de abril, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, dieron inicio a la etapa de “Evaluación ex ante” que se aplica a los programas nuevos y aquellos que han sido reformulados significativamente.
Como parte del sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas, esta fase contribuye a la elaboración de la Ley de Presupuesto, ya que revisa el diseño, tanto de los programas sociales como el de los no sociales, con el propósito de verificar si los objetivos están bien estructurados para cumplirlos.
En la ceremonia de lanzamiento, ambas autoridades expusieron las principales características del proceso a los equipos encargados de la oferta programática de las distintas reparticiones del Estado, que actúan como contrapartes técnicas de Dipres y de la Subsecretaría de Evaluación Social.
En este contexto la directora de Presupuestos, Javiera Martínez remarcó la importancia de evitar la fragmentación de la oferta programática como una manera de contribuir a potenciar la complementariedad de las intervenciones públicas, en especial en aquellos casos donde la responsabilidad de abordar un problema público transversal, involucra a más de un actor institucional: “Es necesario, que antes de proponer un nuevo programa se revise la Oferta Programática ejecutada por el propio Servicio, como también la que implementan otros Servicios Públicos en ámbitos de política similares”.
Por su parte, la Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete remarcó la importancia del proceso “Ex Ante” porque “estamos iniciando un nuevo gobierno y es importante que el diseño y la reformulación de los programas estén hechos de acuerdo con la metodología que el Estado mandata y nosotros podamos realizar el monitoreo. Mientras los programas estén mejor diseñados, vamos a llegar con mejores políticas públicas que beneficien a la ciudadanía.
La “Evaluación ex ante” busca mejorar la calidad de la oferta pública, entregando insumos a las contrapartes para que puedan tomar decisiones y realizar mejoras. En este sentido, durante el proceso se examina la atingencia, coherencia y contingencia de los distintos programas, a partir de la información proporcionada por las entidades encargadas. Estas últimas deben describir el problema que abordan, la población a la que están dirigidos, qué bienes y servicios se entregarán y para qué, además de la estrategia para su implementación, de los indicadores con que se podrá medir sus avances y, por supuesto, cuál es el valor de su implementación.
La Evaluación ex ante” es un proceso de retroalimentación que es coordinado en conjunto por la Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la Dipres, dependiente del Ministerio de Hacienda. Esta evaluación es el primer paso en el ciclo de vida de los programas públicos y a través de este se busca que estos reciban una “recomendación favorable” para acceder al financiamiento estatal.
Gobierno presenta Informe de Estrategia de Implementación de la Agenda 2030 en Chile
Luego de un proceso de elaboración que incluyó mecanismos de participación de múltiples actores, fue refrendado por el presidente de la República informe que considera como ejes el “crecimiento sostenible y la acción por el clima” y “las personas al centro del desarrollo”.
En 2022 se cumplirán 7 años desde que Chile adhiriera a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. A su vez, quedan 8 años para su cumplimiento, en lo que se ha dado en llamar “la década de la acción”, que convoca a gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia, entre otros actores, de todo el mundo a redoblar los esfuerzos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En sintonía con este llamado, durante 2021 el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 avanzó en la elaboración de una Estrategia de Implementación de la Agenda 2030 en Chile, cuestión considerada en el mandato que hace la institucionalidad chilena asociada.
La Estrategia, materializada recientemente en un Informe presentado al presidente de la República, Sebastián Piñera, y refrendada por este, se basa en dos pilares (“crecimiento sostenible y cambio climático”, y “las personas al centro al centro del desarrollo”) que recogen relevantes acciones públicas y de otros actores sociales actualmente en desarrollo y que también perfilan actuaciones futuras.
Lo anterior en sintonía con ejes programáticos, así como la respuesta integrada y en alianzas a los relevantes de desafíos del último tiempo.
De acuerdo con el Consejo Nacional, cada uno de los pilares de la Estrategia se subdivide en cuatro líneas de acción que permiten identificar y agrupar políticas públicas y otras iniciativas relevantes de múltiples actores y que se relacionan explícitamente con metas de la Agenda 2030.
Adicionalmente, y con el objeto de visualizar avances concretos en los ODS relacionados con la Estrategia, el Informe incorpora un grupo de indicadores nacionales que buscan visibilizar logros y brechas asociables la implementación de la Agenda 2030.
Participación de las partes interesadas
Para la elaboración del Informe se consideraron consultas a la Red Nacional Agenda 2030 (plataforma de instituciones públicas) y también fórmulas de involucramiento de las llamadas “partes interesadas”. Entidades como Pacto Global Chile y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, en coordinación con el Consejo Nacional, realizaron importantes levantamientos de iniciativas empresariales y sociales asociables a la Estrategia, las que fueron consideradas en el Informe.
Lo anterior se complementó con iniciativas reunidas a partir de un formulario online para la ciudadanía en general.
Todos estos levantamientos fueron enriquecidos con metodologías participativas, a través de la puesta en marcha de los llamados “Grupos de Trabajo” Ambiental, Social y Económico. En ellas se expuso la estrategia las partes interesadas, y se recogieron sus aportes y comentarios.
Hacienda y Desarrollo Social se reúnen con subsecretarios por proceso de monitoreo de programas en el marco de Agenda Mejor Gasto Público
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a la Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, sostuvieron esta mañana en La Moneda una reunión de trabajo con los subsecretarios de distintas carteras en el inicio del proceso de Monitoreo o Seguimiento de Programas e Iniciativas Programáticas ejecutadas en el año 2019.
El objetivo de la cita fue comprometer a los subsecretarios, jefes de servicio en cada ministerio, a ser partícipes de este proceso, garantizando el cumplimiento y la calidad en la entrega de los insumos correspondientes por cada subsecretaría, para evaluar el desempeño de los distintos programas sociales y no sociales en 2019. Todo esto en el marco de la Agenda de Mejor Gasto Público.
En la instancia, el Ministro Briones se refirió a la importancia de mejorar el gasto que realiza el Estado, que busca asegurarle a los chilenos “que de 100 pesos que entregan a través de sus impuestos, esos dineros lleguen íntegros a los beneficiarios finales”, para lo cual el rol de los subsecretarios es fundamental.
“Requerimos de su ayuda, que seamos partners, que esta sea una cruzada del Gobierno, no solo del Ministerio de Hacienda o la Dipres. Debemos emular el buen trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Desarrollo Social, que es clave en este proceso, pero todos los ministerios juegan un rol fundamental (…) Esto requiere voluntad política y esa voluntad está”, enfatizó Ignacio Briones.
En la reunión, se realizó un balance de los pasos que ya se han dado en el marco de la Agenda Mejor Gasto Social como:
- La Creación de la Comisión Asesora Ministerial para Transparencia, la Calidad y el Impacto del Gasto Público.
- El Acuerdo entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Hacienda, para trabajar conjuntamente con el Congreso en una agenda de mejoramiento del proceso presupuestario.
- Reforzar los equipos de DIPRES y de Hacienda, para mejorar la coordinación y el proceso presupuestario, así como perfeccionar los procesos de monitoreo y evaluación de programas.
La Subsecretaria Alejandra Candia explicó que el proceso de monitoreo o seguimiento tiene como propósito sistematizar antecedentes objetivos del grado de avance y logro de los programas públicos e iniciativas programáticas ejecutadas con cierre al 31 de diciembre de 2019.
La titular de la SES explicó las distintas fases del monitoreo y agregó que es de suma relevancia poder contar con la participación de los subsecretarios en todos los hitos asociados a este proceso.
“En el mes de enero es cuando se carga la información de lo ocurrido en 2019. Esa información es muy importante, ya que después nos permite hacer los análisis, que insumarán las decisiones presupuestarias y también de coordinación de la política social”, explicó Alejandra Candia.
Asimismo, agregó que este proceso se realiza coordinadamente por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) e invitó a los subsecretarios a plantear todas las dudas que tengan a estos dos organismos.
