ChileValora ha certificado a 4.545 gestores de inclusión laboral y 75% son mujeres
4 mil 540 personas se han certificado como gestores y gestoras de inclusión laboral a través de ChileValora para cumplir dicha labor al interior de empresas de más de cien trabajadores(as), tal como lo exige la Ley N°21.275, que entró en vigor hace un año, el 1 de noviembre de 2022.
La información fue entregada por la secretaria ejecutiva de ChileValora, Ximena Rivillo, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien valoró el proceso de certificación para integrar a profesionales especializados a las grandes empresas, quienes, a través del diagnóstico, diseño e implementación de planes de inclusión y capacitación interna, permitan generar cambios culturales efectivos de inclusión laboral en el mundo del trabajo.
“Empresas más inclusivas no sólo agregan más valor a las empresas, sino que le agregan valor al país. Estamos muy contentos de ratificar la voluntad del gobierno del Presidente Gabriel Boric en avanzar no sólo en materia legislativas, sino que también en estos cambios culturales que el país necesita”, sostuvo Boccardo.
Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, sostuvo que “el desafío de la inclusión es de toda la sociedad, y es sumamente importante el aporte que debemos hacer en conjunto el Estado, los privados y las comunidades para poder seguir avanzando en inclusión, garantizar y contribuir a mayor autonomía y mayor libertad de sectores importantes de la población, y eso es parte del compromiso de nuestro Gobierno, y de lo que empujamos desde el Ministerio a través de Senadis”.
En la actividad realizada en dependencias de Caja Los Andes, también participaron el director del Trabajo, Pablo Zenteno; el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, Daniel Concha; el Director Médico de la Teletón, Bruno Camaggi; y el gerente general corporativo de Caja Los Andes, Nelson Rojas; además de gestores de inclusión laboral de Scotiabank, Canal 13 y de la propia Caja. El lugar elegido se debió a sus políticas positivas de integración de personas con discapacidad y el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral.
Cabe señalar que en 2020 se promulgó la Ley N°21.275, que exige desde el 1 de noviembre de 2022 a las empresas de 100 o más trabajadores contar con gestores de inclusión laboral certificado(a) por ChileValora en sus departamentos de recursos humanos, cuya función principal es facilitar la inclusión de los trabajadores con discapacidad.
La Ley N°21.275 establece la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad, creando así la figura del gestor de inclusión laboral certificado por ChileValora que está en estrecha relación con la Ley de inclusión laboral, Ley Nº 21.015, debido a que esta última incentiva y amplía las posibilidades laborales de las personas registradas con algún tipo de discapacidad o que sean asignatarias de pensión de invalidez, debiendo las empresas de gran tamaño disponer del 1% de su dotación con personas en esta situación.
Caracterización de personas certificadas por ChileValora
Entre los datos entregados por ChileValora destaca que el 75% de las personas certificadas en el perfil de gestor de inclusión laboral son mujeres; y que el 94% de los certificados inició el proceso con financiamiento de la empresa y/o franquicia tributaria. Un 5% lo hizo con recursos propios de personas individuales. Asimismo, un 4,4% de las personas certificadas declararon encontrarse en situación de discapacidad.
Como todos los perfiles ocupacionales del catálogo de ChileValora, el gestor de inclusión laboral requiere de cierta experiencia previa, tanto así que hasta el momento el 99,02% de personas certificadas tenían un puesto de trabajo al momento de su evaluación, donde un 96,82% tenía contrato indefinido.
Al respecto, Ximena Rivillo aseguró que “al cumplir con normativas y derechos laborales, las empresas promueven un ambiente laboral respetuoso y ético. La promoción activa de ofertas de trabajo por parte de estos gestores no solo genera oportunidades laborales, sino que también contribuye a la construcción de empresas socialmente responsables”, recalcó Rivillo, quien a su vez llamó a las empresas a continuar incorporando gestores(as) de inclusión laboral certificados a sus organizaciones.
Rol de la dirección del trabajo
La Dirección del Trabajo también entregó cifras de fiscalización al cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral N°21.015, dado que es el organismo encargado legalmente de registrar los reportes electrónicos de los empleadores del sector privado que deben cumplir con dicha exigencia legal por tener 100 o más trabajadores. Los reportes son de dos tipos, primero están los registros de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad, tal como sus modificaciones o términos. Y lo otro es una comunicación electrónica, durante enero de cada año, informando el número total de trabajadores, número de personas con discapacidad que debían ser contratadas y el número de contratos vigentes.
Con respecto a la comunicación electrónica anual que deben realizar las empresas, los registros de la DT señalan que en enero de este año fueron 3.609 empresas las que realizaron el trámite que la Ley N°21.015 exige. Esta cifra supone un crecimiento porque el año 2022 las empresas que reportaron fueron 2.426.
De las 3.609 empresas que reportaron, 588 usaron medidas alternativas contempladas en la ley por no poder cumplir directamente con la obligación de la Ley de Inclusión Laboral de contratar un 1% de trabajadores con discapacidad. Estas empresas realizaron donaciones a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad o celebraron contratos de prestación de servicios con empresas que emplean a personas con discapacidad. De esta manera, 186 lo hicieron porque la naturaleza de sus funciones les impedía contratación directa de personas con discapacidad, 20 por la falta de interesados en la oferta de trabajo, 190 esgrimieron ambas razones y 192 no explicitaron las razones.
Mientras que, al respecto de los contratos informado por las empresas a la DT desde la implementación de la Ley N°21.015 en 2018, el director nacional del servicio público, Pablo Zenteno, señaló que “el rol activo que ha asumido la Dirección del Trabajo en materia de inclusión laboral ha sido fundamental. Hemos registrado 160 mil contratos de personas con discapacidad y actualmente 55 mil están vigentes. Por eso la Dirección del Trabajo es clave, para que vele por el cumplimiento de la ley. En ese sentido, seguiremos impulsando iniciativas que informen sobre esta ley porque tenemos un compromiso con la inclusión efectiva de las personas con discapacidad de nuestro país”.
Por su parte, el Director Nacional de Senadis, Daniel Concha, destacó que “las buenas políticas que van de la mano con la ley se deben comunicar, para que más empresas cumplan más allá de la ley, porque incluir a las personas con discapacidad en el mundo del trabajo es un valor”, haciendo referencia a que Caja Los Andes cuenta con un 2% de su dotación con personas con discapacidad, en circunstancias que la ley sólo exige el 1%. Además, alabó el trabajo de Teletón, presente en la actividad, señalando que “la cadena de inclusión empieza con el trabajo que realiza esta entidad. La rehabilitación es primordial para la inclusión laboral. Por lo tanto, la colaboración público privada hace que este país sea más inclusivo y agrega valor”, destacó la autoridad.
El rol de gestores (as) de inclusión laboral
Si bien es la Ley N°21.275 la que exige contar con un gestor(a) de inclusión laboral certificado por ChileValora, las motivaciones de quienes se certificaron en el primer año de exigencia de la ley preceden a la legislación vigente. Por ejemplo, Ana Luisa Bahamondes, Gerenta de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de Scotiabank recalcó que “hasta la entrada en vigencia de la Ley N°21.275, no existía nada que certificara el perfil y las competencias que debe tener una persona para abordar el desafío de implementar un plan de inclusión laboral de personas con discapacidad. Es un gran avance, así como el foco que las empresas están teniendo en este tema. En mi caso, ser parte de Scotiabank, que tiene la diversidad e inclusión como uno de sus pilares, me motivó aún más a tomar este desafío y certificarme como gestora de inclusión. Hay un compromiso genuino con este tema, tanto así, que en el banco nos certificamos ocho personas, cuando la legislación solo pide uno”.
En la misma línea, Francisca Epulef, Jefa de Desarrollo Organizacional y Formación de Canal 13, indicó que “realizar el proceso de certificación en lo personal surgió desde una profunda convicción de que la inclusión es fundamental para el crecimiento y desarrollo tanto de las empresas como de la sociedad en su conjunto. Creo firmemente en que todas las personas, sin importar su origen, género, orientación sexual, capacidades, o cualquier otra diferencia, merecen igualdad de oportunidades en el ámbito laboral”.
“La internalización de una cultura inclusiva en Caja Los Andes ha sido un proceso que ha transformado no solo nuestra estrategia organizacional, sino también, nuestra identidad y valores como empresa. La inclusión laboral se ha convertido en un pilar fundamental en nuestra estructura corporativa y es un valor que permea cada aspecto de nuestro operativo diario. Este cambio de mentalidad y actuar se ha reflejado en una serie de acciones concretas que hemos implementado. Hemos llevado a cabo una intensa promoción y difusión de nuestra política de Diversidad e Inclusión; hemos desarrollado programas de capacitación específicos sobre la inclusión de personas con discapacidad, dotando a colaboradores y colaboradoras de las herramientas necesarias para fomentar un ambiente de trabajo inclusivo. Otro aspecto fundamental ha sido la concientización de líderes y equipos receptores de personas con discapacidad, asegurando que estén plenamente preparadas las personas para ser incorporadas en el entorno laboral de manera respetuosa y equitativa”, dijo Carla Espinoza, gestora de Inclusión y Diversidad de Caja Los Andes.
Gobierno organizó conversatorio para difundir las buenas prácticas de inclusión en entornos laborales de Magallanes
La dirección regional de Magallanes del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) a través de su programa Apoyo a la Inclusión Laboral organizó un conversatorio sobre buenas prácticas para dar a conocer las instancias que está implementando ENAP y el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, a través de su escuela especial, en materia de inclusión laboral.
Este encuentro contó con la colaboración de las secretarías regionales ministeriales del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social y Familia, como una forma de fortalecer las competencias laborales inclusivas que los organismos públicos y empresas privadas deben cumplir en el marco de la Ley de Inclusión Laboral (N°21.015), la cual exige a toda organización con 100 o más trabajadores y trabajadoras contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.
Para la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval, “en este conversatorio quisimos conocer la experiencia de ENAP Magallanes y de la Corporación Club de Leones Cruz del Sur, quienes han mostrado cómo es posible, a partir de la voluntad y la decisión gerencial, construir al interior de las empresas las condiciones necesarias para mejorar el acceso, permanencia y desarrollo de las capacidades de las personas que acceden a estos puestos de trabajo. La exigencia de tener estos gestores laborales, más allá del cumplimiento propio de la normativa, ha significado la construcción de equipos humanos y técnicos que generen las condiciones necesarias para que la experiencia de las personas en situación de discapacidad sean experiencias dignas y en las mejores condiciones laborales, tanto en salario, como en jornada, como en la posibilidad de compatibilizar los distintos roles que tenemos en la sociedad”, concluyó.
En compañía de la Directora Regional de Senadis, Bernarda Cares, el SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que las políticas organizacionales deben ser capaces de promover el talento y fomentar la inclusión y la diversidad. “A través de estas mesas de trabajo continuaremos promoviendo los derechos de inclusión laboral de las personas con discapacidad, a través de nuestra gestión y de acciones concretas que tienen que ir encaminadas de forma intersectorial, donde tenemos que involucrar a la sociedad civil, y a los ámbitos públicos y privados. La implementación de la ley, no sólo es contar un número determinado de contrataciones de personas con discapacidad, sino que conlleva gestionar un cambio en la cultura organizacional, para garantizar que la inclusión sea percibida por quienes realmente han sentido la discriminación”, aseguró.
Las buenas prácticas
Desde ENAP, la Coordinadora de Calidad de Vida de la Gerencia de Personas, Vilma Catepillán, señaló que desde el 2016 ENAP Magallanes viene trabajando una política de inclusión y diversidad. “En su comienzo esta política se enfocaba principalmente en la inclusión de personas con discapacidad en las prácticas profesionales. Pero hoy estamos trabajando en una mesa de inclusión, diversidad y equidad de género para ir transformando esta cultura, mientras que a nivel corporativo se está fortaleciendo un programa. En esta etapa buscamos promover y difundir el significado de inclusión de personas con discapacidad, y para ello, estamos trabajando con fundaciones especialistas en la materia que nos están preparando para el momento de tener más contrataciones de personas con discapacidad. Una gran acción que estamos concretando son las capacitaciones dirigidas a nuestros trabajadores y trabajadoras sobre lengua de señas”, dijo.
Representando a la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur, que se encuentra al alero del Centro de Rehabilitación, el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), Darío Gutiérrez, comentó que “estamos agradecidos de poder participar en este conversatorio para contar lo que hacemos. En la escuela trabajamos con pequeños desde los cero hasta los 26 años, que tienen condición de discapacidad intelectual, a fin de poder desarrollar la mayor cantidad de habilitades para que puedan ir avanzando en su trayectoria de vida y ser más autónomos. En el área laboral, para hacer efectiva esa incorporación al mundo del trabajo, tenemos un programa que fomenta el desarrollo de las habilitades de los estudiantes, bajo una lógica polivalente, que les permite adquirir muchas habilidades. En el proceso de inserción laboral propiamente tal, lo que hacemos es un acercamiento con las empresas, dialogar y generar instancias que permitan la posibilidad de incorporar personas en situación de discapacidad. Después de esto, generamos alianzas estratégicas donde vamos brindando oportunidades, adaptando los espacios, conociendo las funciones en las que se podrían desempeñar nuestros estudiantes para ir generando estos puestos laborales”.
De acuerdo al III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDIDE) de Senadis, la población adulta con discapacidad en Chile corresponde al 17,6%, lo que estima un total de 2.703.893 personas. En cuanto a la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad, es de 43,9%, mientras que de las personas sin discapacidad es de un 68%.
Ministra Javiera Toro y SENADIS participan en inauguración de Expo Inclusión 2023
Con más de 1.500 ofertas laborales arrancó la sexta versión de la Expo Inclusión en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde concurrieron las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; el subsecretario de Trabajo, Giorgio Boccardo, y el director de Senadis, Daniel Concha, además de representantes del mundo privado y de organizaciones sociales.
La feria laboral, enfocada en personas con discapacidad y personas mayores de 55 años, busca fortalecer el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, donde el Estado sigue avanzando en perfeccionamientos que permitan garantizar de mejor manera la inclusión, autonomía y derechos de las personas.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, sostuvo que “nosotros confluimos también en este esfuerzo que tienen que hacer en conjunto el Estado, los privados y las comunidades, para poder seguir avanzando en inclusión, garantizar y contribuir a mayor autonomía y mayor libertad de sectores importantes de la población – como el casi 20% de la población que vive con discapacidad – para que puedan desarrollar autonomía y desenvolverse en este espacio”.
“Creemos que de la mano de la inclusión es fundamental el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo para construir un Sistema Nacional de Cuidados, un sistema en que se pueda avanzar, en que nos hagamos cargo socialmente en un esfuerzo entre Estado, familias y sectores comunitarios, de la necesidad de cuidar”, agregó la autoridad.
En tanto, el Director Nacional de SENADIS, Daniel Concha, se refirió a las actuales cifras en discapacidad. “De acuerdo al Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, en Chile la población adulta con discapacidad corresponde al 17,6%, lo que estima un total de 2.703.893. En cuanto a la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad, es de 43,9%, mientras que de las personas sin discapacidad es de un 68%. Esto nos plantea desafíos, tanto para el sector público como privado, ya que aún nos falta por avanzar en el cumplimento de la ley 21.015”.
“Desde Senadis continuaremos promoviendo los derechos e inclusión laboral de las personas con discapacidad, a través de nuestra gestión, acciones y labor intersectorial con la sociedad civil, en los ámbitos públicos y privados”, concluyó el director de SENADIS.
Este año Expo Inclusión 2023 se realiza de manera online hasta el 9 de octubre, a través de www.expoinclusion.cl y, de manera presencial, el miércoles 4 y jueves 5 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, instancia que reúne al Estado, la academia, las organizaciones sociales y empresas que buscan avanzar en una efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Son más de 80 empresas y ONGs que participan de esta gran cumbre de inclusión laboral, más de 170 stands y se espera llegar a más de 1.500 oportunidades de empleo inclusivo a lo largo de Chile.
Cámara aprueba proyecto de ley sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad (118 votos) el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez, concluyendo así el segundo trámite constitucional de esta propuesta normativa.
“Agradezco la votación de la sala respecto a este proyecto, el cual ha tenido un apoyo transversal durante su tramitación, siendo un claro ejemplo del trabajo colaborativo que debe existir entre el Congreso y el Ejecutivo, en su calidad de colegisladores. Tengo claro que este es un avance en materia de inclusión. Sin embargo, no es el techo, por lo que desde el Ministerio y su servicio asociado SENADIS, seguiremos trabajando en la labor de avanzar en políticas públicas de inclusión que garanticen el acceso efectivo de las personas con discapacidad al trabajo”, destacó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres.
Asimismo agradeció “los comentarios y la retroalimentación que hemos recibido por parte de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales −tal como indiqué en la sala− tienen claro que este es un avance, pero no la meta; lo que implica seguir trabajando de forma colaborativa para mejorar las políticas de inclusión y el acceso efectivo de las personas con discapacidad al trabajo”.
La norma, que en su tramitación ante el Congreso Nacional fue liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad, presenta indicaciones que buscan reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez, tanto en el sector público como en el privado.
En este sentido, respecto al sector privado, se incorporaron normas que establecen un nuevo régimen de multas por incumplimiento de la cuota de contratación y por el uso indebido de las medidas subsidiarias, y normas que limitan la utilización de donaciones como medida de cumplimiento subsidiario de la ley de inclusión laboral.
En tanto, en el sector público, se reforzó la normativa sobre fiscalización para velar por una efectiva implementación de esta ley en el Estado, incorporándose, además, la figura del gestor de inclusión, como ya lo hizo la Ley N°21.275 para el sector privado.
Asimismo, se modifican las normas que regulan el ingreso y permanencia en la Administración del Estado, en municipios y en el cargo de asistente de la educación pública, a fin de eliminar barreras actualmente existentes y que impiden a las personas con discapacidad acceder a cargos públicos, ya sea por la dificultad de homologar estudios, o bien, por estimar que la discapacidad puede configurar incumplimiento del requisito de salud compatible con el cargo.
El Director Nacional del Senadis, Daniel Concha, manifestó que “este es un gran paso en la tramitación del proyecto que busca reforzar la inclusión laboral, tanto en el sector público como en el privado. De acuerdo al Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, el 17,6% de la población mayor de 18 años tiene discapacidad, es decir, 2 millones 703 mil 893 personas, por lo que este avance es significativo en materia de inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país”.
Ahora el proyecto pasa a tercer trámite constitucional ante el Senado, instancia que deberá revisar y pronunciarse respecto de las modificaciones introducidas al mismo por la Cámara de Diputadas y Diputados. De aprobarse estas modificaciones por el Senado, el proyecto quedará en estado de ser despachado para convertirse en ley de la República. En caso negativo, se deberá conformar Comisión Mixta, continuando la tramitación legislativa.
SENADIS convocó a entidades públicas para abordar la inclusión laboral en Magallanes
El Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad se encuentra capacitando a instituciones públicas y privadas de todo el país que deben cumplir con la Ley Nº 21.015, la cual exige a toda organización con 100 o más trabajadores contar con 1% de trabajadores con discapacidad.
Este programa depende del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y está siendo implementado por la Fundación Chilena para la Discapacidad, contando además con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la búsqueda de fortalecer las competencias laborales inclusivas de los equipos de trabajo de entidades públicas y privadas para el desarrollo de procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad al interior de sus organizaciones.
Con la presencia del Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz Pivcevic, de secretarios y secretarias ministeriales y de funcionarios públicos, el Secretario Regional de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla enfatizó que “como sociedad debemos ser capaces de responder de manera efectiva a la diversidad humana, sustentada en la igualdad y en la equiparación de oportunidades, por ello necesitamos crear conciencia a través de estas capacitaciones, que en esta oportunidad se encuentran dirigidas a funcionarios públicos porque es necesario que en Chile, y en la región se generen trabajos dignos para las personas con discapacidad, donde ellas puedan sentirse reconocidas y plenas en cuanto a sus derechos. Queremos que el Estado y las empresas se atrevan a superar la cantidad de contrataciones que establece la ley”.
A su vez, la Directora Regional de SENADIS, Bernarda Cares Coronado, se refirió a este importante hito, destacando que “este encuentro es una oportunidad para fortalecer las competencias para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público de la región de Magallanes, avanzando en la misión del servicio de promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad”.
Representado a la Fundación Chilena para la Discapacidad, su director Matías Poblete Sandoval, señaló que “una de las labores que tenemos en este trabajo colaborativo enmarcado en el programa, es la aplicación del índice de Inclusión Laboral, instrumento diseñado por SENADIS el cual permite identificar brechas y necesidades de capacitación en materia de inclusión. Una vez que este índice sea contestado de manera online por las organizaciones del Estado, se diseñarán capacitaciones presenciales y asesoría según los resultados”.
De acuerdo a los resultados del III Estudio Nacional de la Discapacidad (III ENDISC), el 9,3%, de la población adulta de Magallanes, correspondiente a 12.861 personas, presentan discapacidad, proporción menor que el porcentaje de la población nacional (17,6%). Con en esta cifra la región se convierte en la segunda de país con menor tasa, siendo Antofagasta la región que presenta la menor cantidad.
Chile presenta su Tercer Informe Nacional Voluntario sobre el avance de la Agenda 2030
Chile presentó su Tercer Informe Nacional Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas, donde se dio a conocer la situación del país en torno al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas e indicadores.
La delegación de Chile fue encabezada por la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quien estuvo acompañada por la embajadora Paula Narváez, representante permanente de la Misión de Chile ante Naciones Unidas, y por la embajadora Carla Serazzi, directora de Asuntos Multilaterales de la Cancillería.
En la presentación, la subsecretaria de Evaluación Social, como representante del Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030, que preside el Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que Chile refuerza la necesidad de un trabajo colaborativo, “donde el multilateralismo, la cooperación y solidaridad internacional constituyan una vía para enfrentar las actuales dificultades y recuperar la senda de la sostenibilidad”.
Además, agregó que a través de este informe que se presenta a la comunidad internacional, “Chile se mira a sí mismo, identifica sus logros y sincera sus desafíos, consciente de que las metas se alcanzan en colaboración de la comunidad tanto nacional como internacional, con la mirada puesta en las personas, la prosperidad y el planeta”.
Objetivos del Foro Político de Alto Nivel
Este Foro fue creado para dar seguimiento y examen a nivel mundial de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De los 40 países que se someten a revisión este año, sólo Chile lo hace por tercera vez. En tanto, otros dos Estados lo hacen por primera vez y 37 por segunda vez.
Este año se revisaron en profundidad los ODS 6, sobre agua limpia y saneamiento; ODS 7, sobre energía limpia y asequible; ODS 9, sobre industria, innovación e infraestructura, ODS 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, y ODS 17, sobre alianzas para los Objetivos.
El tema elegido de este certamen ha sido “Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles”
Chile decidió reportar los 17 ODS, buscando proyectar un debido equilibrio entre la dimensión social, económica y medio ambiental del desarrollo sostenible y manteniendo como ejes transversales la perspectiva de género, la dimensión territorial y los Derechos Humanos. Asimismo, el informe incluye la visión del conjunto de la sociedad, incorporando la perspectiva del sector público, privado y de la sociedad civil.
Una estrategia de implementación de la Agenda 2030
Cabe destacar que, a través de este informe, se presenta a la comunidad internacional la Estrategia de Implementación de la Agenda 2030 en Chile, la cual representa el compromiso del gobierno con la agenda de desarrollo de Naciones Unidas y el multilateralismo. El diseño de dicha estrategia se realizó de manera participativa, descentralizada e inclusiva, llevando a cabo en todas las regiones del país, y con un período de consulta online, marcando así el inicio de una nueva manera de abordar los ODS, considerando aspectos territoriales e inclusión de todas las partes interesadas.
La experiencia nacional en el estado de implementación de la Agenda 2030 ha sido reconocida a nivel internacional. En efecto, Chile figura en el lugar N° 28 de 163 países (primer lugar de nuestra región) en el Sustainable Development Report-SDG Index 2022, el cual mide el desempeño de los Estados en la implementación de la Agenda 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un compromiso global que se adoptó el año 2015, en el marco de las Naciones Unidas, donde se establecieron los lineamientos para poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo.
Gobierno presenta plan de reconstrucción para profundizar en la cooperación público-privada tras los incendios en Ñuble
La delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Saball, junto a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete y la secretaria ejecutiva del Fondo para la Reconstrucción del Ministerio de Hacienda, Trinidad Undurraga, presentaron el plan de reconstrucción para la Región de Ñuble ante decenas de representantes de empresas, organizaciones de la sociedad civil y universidades, con el objetivo de consolidar la coordinación público privada para en conjunto, y de manera colaborativa, abordar los ejes del plan de reconstrucción, tras los incendios que afectaron la región en febrero pasado.
El delegado presidencial, Gabriel Pradenas, fue el encargado de dar la bienvenida a las autoridades, quien destacó el trabajo a la fecha y mencionó que “tenemos múltiples desafíos y sabemos que tenemos que seguir aunando esfuerzos para trabajar de manera articulada, coordinada y en unidad para maximizar precisamente los resultados que buscamos en virtud de pasar de la etapa de primera respuesta, a la fase de reconstrucción y así culminar un proceso que está asociado principalmente a la emergencia y los desastres que nos ha tocado vivir como región en Ñuble”.
El plan presentado por la delegada presidencial para la Reconstrucción, Paulina Saball contempla más de 30 medidas para Ñuble, enmarcadas en cinco ejes de trabajo: habitabilidad, apoyo psicosocial, reactivación productiva, infraestructura habilitante y territorio y sustentabilidad. “Hemos buscado y hemos procurado que el plan tenga pertinencia regional, que los planes no sean una generalidad de acciones, sino que tome en cuenta la realidad regional, y en este caso, las medidas de la región Ñuble, si bien están articuladas en los mismos ejes, no son iguales a las de las otras regiones. La idea de generar un plan que articule al sector público, al sector privado, a la sociedad civil, es regional y por lo tanto, sentarse con los distintos actores y sectores de cada región es indispensable”, mencionó Paulina Saball.
“Estamos en permanente coordinación y conversación con las autoridades para hacer ver las dificultades que las empresas tienen para poder ejecutar los programas y puedan ser corregidos. Hemos hemos tenido buena respuesta en ese sentido para ayudar en términos, por ejemplo, de los reajustes que salieron para los elevados costos de construcción que sufrimos 2 en los últimos dos años, que han venido a mitigar bastante bien, tanto los presupuestos de obras públicas como de vivienda, y esperamos poder seguir en esa línea trabajando y pudiendo contribuir a mejorar tanto la región como el país”, señaló Ricardo Salman, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Ñuble.
En representación del Ministerio de Hacienda, la coordinadora del Fondo para la Reconstrucción, Trinidad Undurraga mencionó que “desde Hacienda activamos el Fondo para la Reconstrucción con una duración de dos años. Este fondo va a recibir proyectos y donaciones hasta febrero de 2025 para obras civiles, de equipamientos y obras habilitantes, tanto públicas como privadas. La donación puede ser dinero, en especies o alguna obra construida, así que invitamos a las empresas a donar al fondo”.
Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, presentó la Ley de Donaciones con Fines Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que opera a través de un Banco de Proyectos y un Fondo Mixto. “Ponemos a disposición la División de Cooperación Público Privada de nuestra subsecretaría para fortalecer esta virtuosa colaboración entre el mundo privado y la sociedad civil. La reconstrucción tendrá un sello regional, a cargo de las autoridades regionales y desde el nivel central vamos a cooperar en todo, porque la principal preocupación de nuestro gobierno son las personas afectadas por el incendio y el rol de todas todos es fundamental para mejorar su calidad de vida y responder a sus preocupaciones”, declaró la subsecretaria Paula Poblete.
Consejo Nacional de la Agenda 2030 validó Estrategia de Implementación para los ODS
El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, junto con la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, presentaron al Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 la estrategia para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El documento fue elaborado a partir de un trabajo participativo en el que tomaron parte, en diversas instancias, más de 2.000 personas de todo el país.
En la sesión XII del Consejo, que fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, participaron también la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; y la directora de la División de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Embajadora Carla Serazzi.
Las autoridades del MDS dieron cuenta así del resultado de este proceso, que incluyó diálogos ciudadanos en todas las regiones, a cargo de la División de Cooperación Público- Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social; entrevistas en profundidad a informantes clave; talleres de trabajo con grupos históricamente excluidos; además de diálogos autoconvocados con representantes del sector público, empresas y comunidades, entre otras instancias.
Durante la reunión se conversó además respecto del Informe Voluntario de Cumplimiento que realizará nuestro país a mediados de este año, ante el Foro Político de Alto Nivel.
Autoridades, expertas, organizaciones sociales, gremiales y de la sociedad civil constituyen comité consultivo de cuidados
El Comité Consultivo está integrado por la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales; la representante de ONU Mujeres en Chile, Gabriela Rosero; la senadora Loreto Carvajal; la diputada María Francisca Bello; la alcaldesa y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao; la defensora de la niñez, Patricia Muñoz; la periodista y académica, Paula Escobar; la representante de la OIT en Chile, Patricia Roa; la representante de la Corporación Humanas, Mariela Infante; la representante de Comunidad Mujer, Claudia Yachan; la vicepresidenta de la Mujer y la Equidad de Género de la CUT, Karen Palma; la directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), Claudia Miranda; la representante de la asociación “Yo Cuido”; la presidenta de la Fundación “Vida Independiente”, Jimena Luna; la presidenta de la Casa de la Mujer Huamachuco, Aida Moreno; el presidente de la Mesa Coordinadora por los Derechos de las Personas Mayores de Chile, Jorge del Campo; la representante de la Fundación “Ciudadanas Cuidando”, Verónica Contreras y la representante de la Fundación “Apost”, Alejandra Guzmán.
El rol del Comité será acompañar y apoyar la implementación de los diálogos ciudadanos “Hablemos de Cuidados”, que se realizarán a nivel regional y territorial, colaborando así con dar resonancia pública del proceso.
De esa manera se busca que “Hablemos de Cuidados” permita levantar las necesidades de cuidado en las diferentes regiones y localidades del país y recoger cuáles son las expectativas de la ciudadanía en torno a dicha temática. Estos resultados serán sistematizados y entregados al Consejo Asesor Presidencial integrado por 10 ministerios que está a cargo de proponer la Política Nacional de Cuidados para Chile.
En la instancia, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, destacó que “la conformación de este espacio transversal, que cuenta con miradas de diferentes personas y organizaciones, será fundamental para la realización del proceso de diálogos que llevamos adelante. Buscamos conocer qué piensa la ciudadanía sobre los cuidados, qué diferencias existen en cómo se desempeñan estas labores en cada una de las regiones del país, con el fin de que esa información pueda retroalimentar el proceso de elaboración de la Política Nacional de Cuidados que impulsaremos como gobierno, una que asegure los cuidados para quienes lo requieren y reconozca a quienes desempeñan esta labor, en su mayoría mujeres, para así avanzar desde una perspectiva social, en la disminución de las desigualdades aparejadas a este rol”.
Los diálogos de “Hablemos de Cuidados” se realizarán en las 16 regiones del país, organizándose en su primera ronda con la siguiente calendarización:
| Fecha | Región |
| 11 de abril | Valparaíso |
| 13 de abril | Metropolitana |
| 15 de abril | Atacama |
| 18 de abrl | O’Higgins |
| 20 de abril | Magallanes |
| 9 de mayo | Biobío |
| 13 de mayo | Coyhaique |
| 16 de mayo | Tarapacá |
| 23 de mayo | Arica y Parinacota |
| 25 de mayo | Los Ríos |
| 26 de mayo | La Araucanía |
| 30 de mayo | Maule |
| 1 de junio | Ñuble |
MDSyF invita a organizaciones de la sociedad civil a presentar proyectos para la recuperación y reconstrucción tras los incendios en el país
Un proceso especial abrió el Ministerio de Desarrollo Social para que organizaciones de la sociedad civil puedan presentar proyectos para la recuperación y la reconstrucción en Viña del Mar y en las regiones del sur que han sido afectadas por los incendios y que puedan ser financiadas mediante el mecanismo de la ley de donaciones con fines sociales.
La Ley de Donaciones con Fines Sociales permite que las instituciones sin fines de lucro reciban donaciones para financiar proyectos de diversa índole dirigidos a personas en situación de pobreza y/o con discapacidad. La donación puede ser realizada tanto personas jurídicas como naturales, a quienes se les ofrece un beneficio tributario.
El funcionamiento de la Ley se materializa a través del Registro de Donatarios, es decir, las instituciones acreditadas para la presentación de iniciativas bajo la Ley, y también en el Banco de Proyectos, que es el repositorio de las intervenciones a ejecutar por las instituciones donatarias.
En el marco de la contingencia que vive el país, la Secretaría Técnica del Consejo de Donaciones, a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, prestará asesoría en la postulación a ambas instancias, acelerando lo más posible la aprobación de las iniciativas enfocadas en la recuperación y reconstrucción tras el incendio de Viña del Mar y la zona centro sur del país
“Para nosotros es importante la articulación entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y el mundo privado durante la emergencia que estamos viviendo en el país. Por eso, tomando en consideración la urgencia, flexibilizamos los plazos para el ingreso de proyectos que podrían ser financiados por la Ley de Donaciones Sociales y convocaremos, además, a un Consejo de Donaciones extraordinario para evaluar técnicamente las iniciativas que puedan ir en apoyo directo de la reconstrucción de las comunas más afectadas por los incendios”.
El plazo para la recepción de proyectos se extenderá hasta el 3 de marzo. Para más información, bases y requisitos se debe escribir al correo electrónico bancodeproyectos@desarrollosocial.cl.