La Ley de Inclusión Laboral N°21.015 establece que, empresas e instituciones públicas con 100 o más trabajadores deben contratar, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez. En el caso de no poder dar cumplimiento se debe acoger a una de las medidas subsidiarias existentes.

Una de estas medidas es efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social sea la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. Lo anterior, se realiza bajo la normativa de la Ley N°19.885 (Ley de Donaciones con Fines Sociales).

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